El Ayuntamiento ejecuta el desahucio del edificio apuntalado en la calle Luna

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Edificio apuntalado en la calle Luna

Madrid, 3 nov (EFE).- El desalojo de las personas que viven hace más de una década en el número 32 de la calle Luna de la capital se ha producido este miércoles a las 8:30 horas por autorización judicial pese a las quejas de los vecinos y del grupo municipal de Más Madrid.

El edificio del antiguo palacio Infanta Carlota, propiedad municipal desde 2011 -aunque el trámite empezó en 2005-, tiene una población móvil que ronda las 200 personas -entre ellas unos treinta niños- que habitan 38 viviendas, incluidos locales en los que también vive gente.

Con el desalojo de las primeras nueve viviendas, casi un año después del primer intento aunque ahora con la correspondiente orden judicial de lanzamiento, el Ayuntamiento de Madrid busca recuperar el inmueble del que asegura que sufre problemas estructurales.

«El Ayuntamiento no ha hecho nada en este edificio desde 2011 y ahora hay prisas saliendo de la pandemia para echar a la gente a la calle», protesta Jordi Gordon, de SOS Malasaña, a lo que añade que «los Servicios Sociales no han dado una solución».

Según el Ayuntamiento, los Servicios Sociales llevan realizando una valoración de todas las personas del edificio de la calle Luna, y en concreto de las que habitan las nueve viviendas que han recibido la notificación de los juzgados, hace varios meses.

Los vecinos piden «tiempo y humanidad» al alcalde para encontrar soluciones habitacionales «reales» y subrayan que el edificio «se va a tapiar».

«Hoy volvemos a presenciar cómo el alcalde hace nada por la población más vulnerable. Este es un edificio que lleva apuntalado dos años, ha habido tiempo más que suficiente para programar salidas no solo habitacionales sino también de vivienda razonable para las familias», dice el concejal de Más Madrid, Javier Barbero.

Desde su formación defienden que «la vivienda es un derecho, no un negocio» y apuntan a las dimensiones del despliegue policial, algo que les «llama la atención» y que identifican como «una criminalización de la pobreza».

Por su parte, el alcalde José Luis Martínez Almeida, mantiene que el desalojo se ha producido «dentro de la legalidad» y señala que existe «una serie de patologías hacen que pueda correr riesgo la estabilidad del inmueble y por tanto afectar a la seguridad de las personas».

Asimismo, insiste en que «las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad, por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid se les ha ofrecido las correspondientes soluciones». EFE


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