La Justicia decidirá sobre el futuro de la estación de Navacerrada

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Sierra de Navacerrada, decisión de la Justicia. Fuente: Twitter

Madrid, 30 nov (EFE).- La Justicia decidirá si impide de forma cautelar la práctica de esquí en la vertiente segoviana de la estación de Navacerrada tras caducar la concesión del terreno, propiedad de Parques Nacionales, y si la Junta de Castilla y León ha incurrido en dejación de funciones al no hacer cumplir la orden de desmantelamiento de la infraestructura deportiva.

El Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) este martes, unos días antes del fin de semana en el que la estación pensaba retomar su actividad con el inicio de temporada.

Todo comenzó cuando el pasado mes de marzo Parques Nacionales anunció que no renovaría la concesión otorgada en 1996 para la explotación deportiva de las 7,7 hectáreas que forman parte del Monte Pinar de Valsaín, actualmente ocupadas por las pistas de esquí segovianas Escaparate, Telégrafo y El Bosque.

El organismo argumentó entonces que la concesión, que caducaba en abril, respondía a un caso de excepcionalidad, que estos terrenos gozan de diferentes figuras de protección cuya conservación no es compatible con la explotación deportiva y otras razones referentes al medio ambiente, como el aumento de la temperatura media de la zona por el cambio climático.

Parques Nacionales solicitó entonces a la Junta de Castilla y León que declarase la caducidad de la concesión porque, aunque el organismo del Miteco es el titular del terreno y a quien corresponde tomar la decisión, entendía que el Ejecutivo autonómico era el que debía declarar la caducidad y vigilar su desmantelamiento.

El Gobierno de Castilla y León, que desde que el Miteco anunció la decisión se ha mostrado en contra de ella junto al Ejecutivo autonómico de la Comunidad de Madrid, respondió al requerimiento el pasado 14 de octubre declarándose «no competente» para ello.

Por su parte, la empresa Puerto de Navacerrada Estación de Esquí solicitó a la Junta una prórroga del cómputo de tiempo de la concesión alegando que, por culpa de la crisis sanitaria, no habían podido llevar a cabo su actividad con normalidad en el último año.

A la espera de que se resolviera esta petición y ante la falta de una orden «oficial y clara» de que debían desmantelar las instalaciones, la estación anunció que retomaría su actividad a comienzos de diciembre próximo.

Sin embargo, ayer, lunes, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reactivó la polémica al señalar en una rueda de prensa que «no hay razones ni políticas ni jurídicas» para declarar el cierre de las pistas de esquí de Navacerrada ni «inconveniente» para que la empresa pueda seguir con la actividad.

Ante estas palabras, el Miteco anunció que interpondría un recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Castilla y León por dejación de funciones al no atender su requerimiento de poner fin a la práctica del esquí en la estación de Navacerrada.

Con el recurso, la Abogacía del Estado, a instancias de Parques Nacionales, solicita medidas cautelares que impidan el esquí y el uso de las instalaciones hasta que se resuelva su reclamación.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado este martes en Chinchón a preguntas de los periodistas que han presentado el recurso porque la decisión de la Junta de no cerrar las pistas segovianas «incumple de manera muy clara los límites» de la administración, que debió vigilar por el cumplimiento de la orden de desmantelamiento.

Ribera ha lamentado que «desgraciadamente» hayan tenido que «judicializar» este supuesto, que, en su opinión, «incumple de manera muy clara los límites de lo que corresponde hacer a las administraciones que velan por el cumplimiento de la norma».

No lo ve así la Junta de Castilla y León, cuyo vicepresidente, Francisco Igea, ha señalado hoy a la prensa que la Comunidad ejerce sus competencias y, si el Gobierno decide recurrir, estarán a «lo que diga la Justicia».

Por su parte, uno de los socios de la empresa Puerto de Navacerrada Estación de Esquí, José Conesa, ha declarado a Efe este martes que, a pesar de que todo estaba preparado para retomar la actividad este fin de semana, después de lo sucedido ayer y hoy van a ser prudentes y esperar para tomar una decisión.

Desde la plataforma ciudadana Salvemos Navacerrada, su portavoz María Martín ha lamentado en una entrevista con Efe que el futuro de la infraestructura deportiva se haya convertido en un «baile político» y ha valorado muy positivamente el apoyo institucional de la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid.

Otras de las reacciones desencadenadas a lo largo del día de hoy han procedido de las organizaciones Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, que han exigido «el cierre, el desmantelamiento y la reconversión sostenible» de la estación de esquí de Navacerrada.

También de fuerzas políticas como Ciudadanos, cuya procuradora en las Cortes de Castilla y León, Marta Sanz, ha defendido en un comunicado la continuidad de la estación y ha acusado al Gobierno central de «tomar decisiones partidistas y sin fundamento» y ejercer un «maltrato sistemático» sobre Segovia. EFE

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