El PP pide la dimisión «en bloque» del Gobierno de Móstoles por el ‘caso ITV’

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PP de Móstoles. Fuente: Twitter

Móstoles, 2 dic (EFE).- El PP de Móstoles ha exigido este jueves la dimisión «en bloque» de los miembros del Gobierno municipal que han sido citados a declarar como investigados por un presunto delito de malversación y otro continuado de prevaricación por «condonar» una deuda de 2,4 millones de euros a una empresa de ITV.

«Exigimos la dimisión inmediata de la alcaldesa, Noelia Posse, y de los concejales integrantes de esa Junta de Gobierno Local, porque sobre ellos cierne la sospecha de haber tomado una decisión que perjudica gravemente los intereses de los mostoleños», han avanzado en un comunicado la portavoz del PP, Mirina Cortés.

Esta reacción se produce después de que este miércoles se conociera una providencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles que citaba a declarar en calidad de investigados a siete concejales del Gobierno municipal de Móstoles (seis del PSOE y una de Podemos) por su presunta implicación en este caso.

Además, la propia alcaldesa ya fue citada a declarar el 18 de noviembre pasado a los Jugados de Móstoles, donde respondió a los medios: «Simplemente decir que confío en la Justicia, es una querella política y se aclarará en breve. No voy a entrar en nada más».

También han declarado ya como investigados en esta misma causa el tesorero del Ayuntamiento y el por entonces concejal de Hacienda, Aitor Perlines.

«Nos encontramos ante una crisis institucional sin precedentes», han insistido desde el PP, donde recalcan que los miembros del órgano que toma las decisiones «más importantes sobre la ciudad», la Junta de Gobierno Local, «se encuentran imputados por un presunto delito de prevaricación y malversación».

La querella, a la que ha tenido acceso Efe, fue interpuesta en febrero pasado por los dos ediles de Más Madrid, Susana García y Gabriel Ortega, al entender que el Ayuntamiento «perdonó el cobro de las tasas» que suponen la utilización de suelo público para que la citada empresa desarrollara su actividad en la localidad.

Fuentes del Gobierno mostoleño han reafirmado a Efe que a su juicio «se trata de una querella política». «Todo lo que se hizo fue para mantener los empleos y para garantizar que el Ayuntamiento pudiese cobrar al menos una parte de lo adeudado», han sostenido.

Aún así, la secretaria de organización del PSOE-M, Marta Bernardo, ha avanzado este mismo miércoles que han dado «un plazo de 24 horas» a los ediles que han sido citados a declarar para que «comuniquen su situación procesal», advirtiendo de que, en función de su explicación, se aplicará el código ético» del partido. EFE

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