Madrid, 4 dic (EFE).- La dirección del PSOE de Madrid ha remitido a la Comisión de Ética del partido la documentación sobre la situación procesal de los ediles socialistas de Móstoles que han sido citados a declarar como investigados por los presuntos delitos de malversación y prevaricación en el llamado ‘Caso ITV’.
La secretaria de Organización del PSOE-M, Marta Bernardo, anunció este jueves que daba un plazo de 24 horas a los ediles afectados para que explicaran su situación procesal, por lo que, una vez recibida la documentación, anuncian «un seguimiento de la evolución procesal» y que lo ponen «en conocimiento de la Comisión de Ética».
«En estos momentos, no hay ninguna apertura de juicio oral abierto contra los y las concejales/as», señalan desde el PSOE-M en un comunicado, en el que reiteran que una vez que los afectados acudan a declarar el próximo mes de febrero a declarar, se verá si «el juez determinará archivar el caso o realizar nuevas actuaciones».
El PSOE-M asegura que, de acuerdo con el Estatuto, Reglamento y Código Ético, «actuará de manera clara, contundente y con el máximo rigor, en el caso que se produzca algunas de las circunstancias en las que dicho código establece que el partido debe actuar».
El Código Ético del PSOE establece que «cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria». En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido.
En concreto, la jueza ha citado el 16 de febrero al primer teniente de alcalde, David Muñoz; a la concejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto; al concejal de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín; y a la concejala de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz.
A su vez, el 28 de febrero de 2022 irán a declarar la actual concejala de Igualdad, Dolores Triviño; la anterior responsable de dicho área, ahora jubilada, Beatriz Benavides; y la edil de Educación y Juventud, Natividad Gómez, esta última de Podemos.
Todos ellos, junto a la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), y el exedil de Hacienda, Aitor Perlines, que ya han sido llamados a declarar por los mismos delitos, formaban parte de la Junta de Gobierno local que aprobó la condonación de una deuda a la empresa ITV Móstoles S.L.
La querella que ha iniciado la investigación fue interpuesta en febrero pasado por los dos ediles de Más Madrid, Susana García y Gabriel Ortega, al entender que el Ayuntamiento «perdonó el cobro de las tasas» que suponen la utilización de suelo público para que la citada empresa desarrollara su actividad en la localidad.
Desde el Gobierno municipal han reafirmado este viernes en un comunicado que la querella se presentó «con una clara manipulación de la realidad y los hechos» y «tiene una finalidad política», ya que reiteran que el acuerdo «fue tomado con absoluto respeto a la legalidad y así quedará acreditado en el Juzgado».
«Todo lo que se hizo fue para mantener los empleos y para garantizar que el Ayuntamiento pudiese cobrar al menos una parte de lo adeudado», han sostenido desde el Gobierno municipal desde que se conociera la citación de los ediles.
En cuanto a las repercusiones políticas, el PP ha pedido ya la dimisión «en bloque» de todos los concejales implicados y Ciudadanos ha avanzado este viernes que iniciará una ronda de contactos con el resto de formaciones para «liderar e impulsar» una moción de censura para conformar un Gobierno alternativo. EFE
