Madrid, 3 ene (EFE).- Treinta y ocho organizaciones sociales y sindicales de la Comunidad de Madrid han pedido que el Gobierno regional amplíe al menos un mes el plazo de información pública de la conocida como Ley Ómnibus, mientras que una petición en Change.org para parar la norma ha recibido en cuatro días más de 13.000 firmas.
El anteproyecto de esta ley “ómnibus” modifica 33 leyes y 5 decretos vigentes en la Comunidad de Madrid e incluye además 15 nuevas disposiciones que afectan a muy diversos ámbitos.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentó el anteproyecto el 23 de diciembre por la vía de urgencia, lo que reducía a siete días el periodo de alegaciones, hasta este lunes, con los festivos de Navidad y Nochebuena por medio, algo que suscitó las críticas de la izquierda en la oposición.
La Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, conocida como Ley Ómnibus, revisa las normas regionales con rango de ley para «reducirlas y simplificarlas» y ganar en «agilidad y eficacia», dentro del Plan para la Reactivación de la Comunidad de Madrid aprobado por el Consejo de Gobierno en mayo de 2020.
El Gobierno regional prevé que sea aprobada y publicada en junio de 2022 y que su entrada en vigor contribuya a reducir en cerca de dos millones de euros las cargas administrativas.
Este lunes 38 asociaciones sociales y sindicales han hecho público un comunicado para que el Gobierno regional amplíe el plazo de información pública de la denominada Ley Ómnibus, y censuran que el proceso se iniciara el 23 de diciembre, «estableciendo el reducido plazo de 7 días hábiles, entre Nochebuena y Nochevieja, para la presentación de alegaciones».
Además de modificar 33 leyes y 5 decretos vigentes en la Comunidad de Madrid, «incluye 15 nuevas disposiciones que afectan a muy diversos ámbitos», como Hacienda pública, ordenación territorial y urbanismo, medio ambiente y protección de la naturaleza, señala el comunicado entre otras tantos ejemplos.
Así, «la complejidad, la trascendencia y los efectos del Anteproyecto sobre la sociedad madrileña, su territorio, su medio ambiente y sus derechos son de tal envergadura que resulta del todo imposible que en 7 días hábiles (…) podamos participar de forma real y efectiva, según establece la regulación de la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración normativa».
Las entidades firmantes denuncian que «en estas condiciones, someter el anteproyecto de ley al trámite de audiencia e información públicas, y suprimir el preceptivo trámite de consultas, alegando de manera desviada una supuesta urgencia en la tramitación, que es incierta».
Consideran “inadmisible” el proceder de Díaz Ayuso y su Ejecutivo, y apostillan que “bajo el falso enunciado de ‘impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid’, se introduce un conjunto de medidas que en realidad suponen otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos y áreas de gobierno».
«Son muchas las personas que consideran que el anteproyecto no está justificado, en menos de cuatro días 13.000 personas han firmado, pidiendo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que retire la ley», añaden.
«Exigimos que se amplíen, al menos un mes, los plazos de los trámites de audiencia e información pública del citado anteproyecto o subsidiariamente se anule todo el procedimiento. El Gobierno regional debe renunciar a esta forma de gobernar de espaldas a la participación ciudadana», concluyen las casi cuarenta organizaciones.
UGT, CCOO, CSIT, Ecologistas en Acción, la federación de Asociaciones Vecinales FRAVM, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, (MEDSAP- Marea Blanca), Madrid Ciudadanía y Patrimonio, además de multitud de asociaciones vecinales, plataformas y grupos de trabajo son algunos de los firmantes.
En otro comunicado, el sindicato CSIF denuncia cómo el Gobierno madrileño pretende modificar aspectos sustanciales de bomberos, agentes forestales, policías locales y sanitarios a través de la Ley Ómnibus.
«Hasta ahora, CSIF había creído en el talante negociador de la administración madrileña, pero este Anteproyecto es un atentado claro en contra de la negociación colectiva y la vulneración del derecho de materias recogidas en el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)».
CSIF, que ya ha presentado alegaciones sobre diferentes modificaciones, recalca que de no retirarse el texto se iniciarán «movilizaciones para que se ponga fin a este despropósito». EFE
