EFE.- El Gobierno ha dado luz verde al real decreto que desarrolla el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, dotado con 1.717 millones de euros, y el bono joven de ayuda al alquiler, consignado con otros 400 millones, así como al anteproyecto de ley de arquitectura, que ha enviado al Congreso.
El bono joven de alquiler -250 euros mensuales por dos años para jóvenes entre 18 y 35 años que cobren un salario inferior a tres veces el Iprem (24.318 euros)- también incluye ayudas de 300 euros, ampliables a 450, para alquilar una habitación.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha explicado que en breve convocará una conferencia sectorial para acordar los criterios de reparto de las ayudas con las comunidades autónomas.
Estas se aprobarán definitivamente dentro de un mes y medio o dos meses, aunque todas se podrán solicitar con efectos retroactivos del 1 de enero.
Ha recordado que la intención del Gobierno era enviar también este martes al Congreso el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, pero que no ha sido posible por la falta del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
A este respecto la ministra ha querido enviar un mensaje de «tranquilidad y plena confianza en que esta ley llegará pronto al Parlamento para su aprobación definitiva» y en que «contará con todas las garantías y seguridad jurídica que requiera».
Tras subrayar que el informe del CGPJ es preceptivo porque modifica tres artículos de la ley de enjuiciamiento civil, pero no vinculante, ha defendido que el anteproyecto «cumple con las competencias atribuidas al Estado y las comunidades autónomas», precisamente el aspecto que cuestiona la mayoría del CGPJ.
En esa línea, ha apuntado que desde que conocieron, el pasado viernes, que el CGPJ había tumbado la propuesta de informe que avalaba la ley, los socios del Gobierno de coalición coincidieron en que lo más prudente era esperar a la aprobación de un nuevo informe, «pero con el convencimiento compartido de que es una ley sólida y bien armada desde el punto de vista jurídico y de que debe continuar con su tramitación porque es una ley absolutamente necesaria».
Aunque ha asegurado que, una vez que tengan el informe del CGPJ lo analizarán, ha hecho hincapié en que el Ejecutivo está «convencido de su validez» y de que contiene las «máximas garantías jurídicas».
