Madrid, 3 feb (EFE).- El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado el proyecto de Ley de Mercado Abierto para que la Comunidad de Madrid sea la primera región en la que empresas y operadores económicos de todo España puedan instalarse sin tener que solicitar permisos o licencias adicionales que ya tengan en sus lugares de origen.
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley y ahora se remite a la Asamblea de Madrid para iniciar su tramitación legislativa en los próximos meses.
La presidenta madrileña, ISabel Díaz Ayuso, ha destacado que, con esta nueva Ley de Mercado Abierto, Madrid reconocerá a los operadores económicos de otras comunidades autónomas, permitiendo que cualquier empresa «de modo inmediato» emprenda «sin trabas» en la región como «un mercado único y no diecisiete».
«Esto es un compromiso con los españoles y su bienestar, con la libertad y la prosperidad de todos, en contraste con los que solo aspiran a mantener su cuota de poder y a fragmentar lo que nos une», ha espetado Ayuso durante la entrega de los Premios de Investigación 2021 en la Real Casa de Correos, donde ha considerado que otras regiones tendrán en Madrid «un modelo a seguir en el que fortalecer el intercambio de talento en todo el país».
La normativa pionera del Gobierno madrileño tiene como objetivo fomentar la inversión, la generación de empleo y la reactivación económica, y eliminar «el exceso» de burocracia con el objetivo de atraer inversiones, ha explicado en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Javier Fernández-Lasquetty.
De esta forma, Madrid será «la primera región que no pone barreras para que nadie de ningún lugar de España venga a prestar sus servicios» a la región, «sin necesidad de ningún permiso ni autorización adicional», ha expresado Fernández-Laquetty, según el cual esta nueva ley potenciará la llegada de inversiones e impulsará la actividad económica y la generación de empleo en la región.
El consejero madrileño ha rechazado que esta nueva ley esté encaminada a sacar a las empresas de otras regiones y que se asienten en Madrid, sino «al contrario» para que «tengan más facilidades para que operen» en la región.
«Eso será bueno para esas empresas y para Madrid», ha sostenido Fernández-Lasquetty, y ha añadido que «no tiene sentido» que si han obtenido permiso para desarrollar su actividad en otras comunidades autónomas «tenga que hacerlo adicionalmente» en otra región.
Como ejemplo, el consejero ha citado que un técnico de montaje de ascensores de Galicia que cumpla la normativa gallega «puede venir a Madrid cuando quiera y hacerlo en Galicia», sin necesidad de permisos o autorizaciones adicionales, lo que generará, ha continuado, «más empleo y bienestar para todos».
«Es una manera de expresar confianza en la normativa del resto de comunidades autónomas», ha afirmado Fernández-Lasquetty que, aunque ha asegurado que esta nueva ley acortará plazos, no ha precisado cuánto será esa reducción.
El procedimiento se limitará a que el empresario envíe el permiso de homologación para poder operar en su región, se comprobará su veracidad con la autonomía de origen y, directamente, se procederá a su autorización.
Con esta iniciativa legislativa, el Gobierno madrileño pretende reinterpretar los objetivos originales de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, desde el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, para hacerlo compatible con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Según las previsiones del Gobierno regional, la aplicación de la nueva ley hará a Madrid «más abierta, dinámica y atractiva», y supondrá un aumento del PIB madrileño de un 1,6% a medio y largo plazo, lo cual se traducirá en una creación de riqueza próxima a 4.000 millones de euros anuales y unos 50.000 nuevos empleos.
La Ley de Mercado Abierto también recoge el compromiso del Gobierno madrileño para suprimir regulación propia en aquellos casos en los que los requisitos de acceso a la actividad sean mayores que los de otras comunidades autónomas.
Además, este adelanto también se aplica a los productos que se comercialicen en el resto de España y que, por tanto, podrán circular libremente sin necesitar requisitos extra a los que ya soportan. EFE
