Madrid, 16 feb (EFE).- La Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el proyecto de la Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Ómnibus, un texto que se remite ahora a la Asamblea de Madrid para que inicie la tramitación legislativa y culmine con su entrada en vigor.
Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de gobierno, donde se ha aprobado este proyecto, tras su tramitación por vía de urgencia, que ahora previsiblemente será aprobado en la Cámara regional con el apoyo de Vox y pese al rechazo de los grupos de la izquierda madrileña.
Ossorio ha explicado que la ley Ómnibus es una reforma legal del Ejecutivo autonómico que actúa sobre 50 textos normativos, entre ellos 31 leyes, tres decretos legislativos, seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos.
En este cómputo se incluye la derogación total o parcial que el proyecto realiza sobre cuatro leyes y otros cuatro decretos.
La decisión de Ejecutivo regional de validar la Ley Ómnibus llega después del dictamen favorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y de un periodo de audiencia e información pública.
Durante este proceso se recibieron unas 600 alegaciones que han permitido mejorar el texto elaborado por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, a través de la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y la Simplificación Normativa.
Con esta norma, en el marco del Plan para la Reactivación de la Comunidad de Madrid tras la crisis de la covid, se calcula un ahorro anual de un millón de euros para los contribuyentes por la reducción de los trámites y cargas administrativas, además de mejorar la eficiencia del servicio que se presta en beneficio de los ciudadanos y las empresas.
Los objetivos de las reformas de la Ley Ómnibus son impulsar la actividad económica en la región, adaptar el cuerpo normativo actual a las nuevas realidades sociales y económicas, eliminar cargas innecesarias y modernizar la organización administrativa.
Por parte de la Consejería de Sanidad, el proyecto de Ley contempla la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, adscrita al Sermas, y que ha sido criticada tanto por asociaciones y sindicatos de sanitarios como por la oposición en la Asamblea de Madrid porque, a su juicio, podría impulsar “privatizaciones” en asistencia sanitarias.
En materia gestionada por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, la Ley Ómnibus permitirá con su entrada en vigor mejorar la empleabilidad de las personas vulnerables y se agilizará la gestión de la Renta Mínima de Inserción (RMI).
En el ámbito de las competencias de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se recoge la reforma de la Ley del Juego, que refleja, entre otras medidas, una modificación del régimen de publicidad, promoción y patrocinio con el fin de regularlo de manera ordenada.
En el ámbito de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, la ley incluye una modificación de la Ley 9/2001 del Suelo, un proyecto también muy criticado por la oposición que denuncian que, a través de esta modificación, se podría construir en cualquier tipo de suelo, incluso protegido.
A través de la Ley Ómnibus, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo introduce cambios en la Ley regional de Tasas y Precios Públicos con el fin de incorporar nuevas exenciones y reducciones en el ámbito educativo, del medio ambiente, la formación y el empleo.
Desde la Consejería de Administración Local y Digitalización se propone la modificación de la Ley 2/2003 de Administración Local, con el objetivo de crear mancomunidades de interés general y simplificando el procedimiento para el cambio de sus estatutos.
La Consejería de Transportes e Infraestructuras adapta la normativa autonómica de carreteras a las nuevas vías de comunicación (carreteras multicarril o doble calzada y las vías ciclistas) y, además, se contempla la elaboración y aprobación de una Estrategia de Seguridad Viaria de carácter multidisciplinar.
En materia de Deporte, entre otras medidas, refuerza la protección a los menores y adolescentes con medidas como la exigencia del certificado negativo en el registro de delincuentes sexuales y trata de seres humanos a aquellos profesionales o voluntarios que trabajen con menores en el ámbito deportivo.
Por último, se destaca que el proyecto de Ley aprobado atribuye a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno y da carácter permanente a la Comisión Interdepartamental de Simplificación Normativa y Reducción de Cargas Administrativas. EFE
Cincuenta organizaciones se movilizan contra la Ley Ómnibus de Ayuso
Medio centenar de organizaciones sociales y sindicales han convocado una manifestación, acompañada de un cortejo de taxis, en Madrid el 26 de febrero, desde Atocha hasta la Puerta del Sol, para pedir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la retirada de la Ley Ómnibus por considerarla «un atraco a la democracia» y «un retroceso» en la legislación relacionada con la protección del medio ambiente, el urbanismo, la sanidad y el transporte, entre otras materias.
Previamente, el domingo próximo, día 20, la 92 Marea Blanca discurrirá desde el Ministerio de Sanidad hasta la Puerta del Sol con el lema «Mientras liquida nuestra salud, Ayuso arrolla con su Ley Ómnibus».
En una rueda de prensa, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Enrique Villalobos, ha hecho un llamamiento a la movilización de la ciudadanía ante «la pérdida de derechos» que implica el proyecto legislativo del Ejecutivo madrileño y ha avanzado que si se aprueba en la Asamblea se decidirá si se emprenden acciones legales.
El proyecto de esta Ley ha sido aprobado este miércoles en Consejo de gobierno, y se remitirá a la Asamblea de Madrid para que inicie la tramitación legislativa.
Villalobos ha recordado que el pasado 19 de enero se presentaron más de 50.000 firmas contra anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración, conocido como Ley Ómnibus, que ha recibido decenas de alegaciones por parte de la oposición y entidades ecologistas, vecinales y sanitarias.
El anteproyecto modifica 33 leyes y 5 decretos vigentes en la Comunidad de Madrid e incluye además 15 nuevas disposiciones que afectan a muy diversos ámbitos.
El Gobierno de Ayuso presentó el anteproyecto -que revisa las normas regionales con rango de ley para «reducirlas y simplificarlas»- el 23 de diciembre por la vía de la urgencia, lo que reducía el período de alegaciones hasta el 3 de enero, pero una resolución del viceconsejero de Presidencia amplió el plazo para la realización del trámite de audiencia e información pública hasta el 7 de enero.
El presidente de la FRAVM ha explicado que la Ley Ómnibus establece que no podrán formalizar su unión de hecho aquellas parejas que estén empadronadas en municipios distintos, incluso de fuera de la Comunidad, lo que, a su juicio, hace «saltar por los aires» los derechos de estas personas, tiene «un componente sectario ultracatólico» y dificulta al extremo que la gente opte por esta fórmula.
Por parte de Ecologistas en Acción María Ángeles Nieto ha indicado que la normativa ambiental requiere una actualización para adaptarse a la actual situación de emergencia climática, pero la propuesta del Gobierno regional «modifica prácticamente toda la legislación ambiental con el objetivo de beneficiar a los titulares de suelo no urbanizable de especial protección para realizar actividades que hasta ahora no estaban permitidas».
Carmen Esbrí, de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (Medsap)-Marea Blanca, ha opinado que la Ley Ómnibus responde a «un plan ultraliberal y ultracapitalista» y abre la puerta a «las privatizaciones» en el sector de la sanidad.
Esbrí ha rechazado la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, adscrita al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) con la finalidad de contratar suministros, bienes y servicios que sean declarados de gestión centralizada en este campo, un organismo que, a su juicio, implicará una merma de la transparencia en la gestión pública, conllevará un deterioro de los servicios públicos y generará «negocio para los especuladores de la salud».
Javier Fernández, de Élite Taxi, ha señalado que la Ley Ómnibus llevará a la «uberización» del servicio del taxi y ha mostrado su impresión de que la Comunidad de Madrid quiere «salvar» los 8.000 empleos que generan los vehículos de alquiler con conductor (VTC) «cargándose» a las 25.000 familias que dependen del sector del taxi. EFE
