Contratos de Tomás Ayuso se están fiscalizando aún, según Cámara de Cuentas

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Isabel Díaz Ayuso. Fuente: Twitter

Madrid, 3 mar (EFE).- La Cámara de Cuentas asegura que el informe sobre la fiscalización de los contratos de emergencia tramitados por el Gobierno madrileño durante la pandemia está «en trámite interno de elaboración» por lo que no expresa el «criterio definitivo» de este organismo.

Tanto la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, han asegurado en varias ocasiones que el contrato a Priviet Sportive S.L. vinculado al hermano de Ayuso ha sido fiscalizado por la Cámara de Cuentas y es legal.

Lasquetty aseguró en una rueda de prensa en la Real Casa de Correos que la Cámara de Cuentas recalcó en su informe que «no hay tachas ni reparos de ninguna clase».

El presidente en funciones de la Cámara de Cuentas, Carlos Salgado Pérez, señala en una carta en respuesta a una pregunta previa del PSOE, que «el informe no ha sido aprobado por el Consejo de la Cámara ni, por lo tanto, publicado en la web de la institución».

«Lo que significa que las informaciones divulgadas en los medios de comunicación hacen referencia a un documento que no expresa el criterio definitivo de la Cámara de Cuentas sobre la materia analizada. Dicho criterio no quedará fijado hasta tanto el informe sea aprobado por el Consejo», recalca este organismo encargado de fiscalizar contratos públicos.

Señala el presidente en funciones que el informe de referencia está en trámite interno de elaboración y podría ser objeto de modificaciones como consecuencia de la fase de audiencia a las entidades fiscalizadas.

«Lo único que la Cámara de Cuentas tiene el deber de divulgar para conocimiento de los ciudadanos (…) es el informe definitivo», asegura la misiva.

Finalmente, la Cámara de Cuentas rechaza «cualquier divulgación de los trabajos en curso».

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha aseverado que no le parece «serio ni riguroso» la utilización interna de la Cámara de Cuentas por parte del Gobierno regional, y que se haya empleado «para no decir la verdad y para hacer una versión que no es real».

«En esta carta el presidente (en funciones) de la Cámara de Cuentas demuestra que la presidenta (Isabel Díaz Ayuso) no dijo la verdad, ni el consejero Lasquetty cuando dijeron que el contrato fue fiscalizado. Aquí se acredita que no fue así», ha censurado Lobato.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha afeado que las versiones de Ayuso no duren ni 24 horas y ha asegurado que la presidenta muestra un «rosario de mentiras» que convierten a su Gobierno en el de «100% de mentiras y 0% de explicaciones».

«Primero dijo que su hermano tenía una relación comercial, luego que había cobrado una comisión, luego que era una contraprestación, luego que habían sido 55.000 euros, luego 283.000, luego dijo que estaba perfectamente redactado el contrato, y ahora nos hemos encontrado que no estaba ni fiscalizado ni auditado», ha enumerado la portavoz.

Desde Vox, su portavoz Rocío Monasterio, ha defendido los procedimientos de la Cámara de Cuentas y ha dicho que su grupo los respeta, así como la presunción de inocencia y el trabajo de la justicia, no como la izquierda, ha afeado.

Alejandra Jacinto, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, ha señalado que esta información «se suma a la larga lista de irregularidades» del Gobierno regional y que son «la punta del iceberg», por lo que su grupo seguirá estudiando todas las vías legales y dará conocimiento a la Fiscalía de cualquier información.

El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha dicho que la noticia de que la Cámara de Cuentas «desmiente al Gobierno» es «absolutamente falsa» porque Lasquetty habló de «este anteproyecto» y todos saben «que existe» porque en la página 40 del anteproyecto aparece esa resolución del contrato, por lo que ha llamado a «no mentir».

Ha admitido que la resolución del anteproyecto está en fase de alegaciones, que las tiene que hacer el Gobierno y el informe dice que «no hay ninguna irregularidad», por lo que el contrato y la resolución han pasado «todos los trámites del Gobierno y han pasado la fiscalización y se verá en el informe final». EFE

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