Madrid, 7 mar (EFE).- Diecinueve de los veintitrés procesados por pertenecer a una red que organizaba peleas ilegales de perros, a los que maltrataban y daban sustancias dopantes, han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y se les rebajará la pena solicitada, mientras uno de los cabecillas, su hija y dos veterinarios siguen con el juicio.
La Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado este lunes, tras haber sido aplazado en dos ocasiones anteriormente, el macrojuicio a veintitrés acusados de integrar esa red, para los que la Fiscalía pide entre siete años y cuatro meses y tres años y cuatro meses de prisión por los delitos de pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de la obligación de perseguir delitos.
Al inicio del juicio diecinueve de los encausados han acordado con la Fiscalía reconocer los hechos que les imputa el Ministerio Fiscal a cambio de una reducción de esa petición de pena inicial, que se concretará a lo largo de la vista oral, han informado varios de los letrados de la causa.
Estos encausados han declarado brevemente al final de la mañana, reconociendo los hechos narrados por el fiscal.
Entre los procesados que no han aceptado el acuerdo está Rafael R.D., alias Rafa, que el fiscal considera uno de los dos líderes de la red y para el que solicita cinco años y diez meses de cárcel por organización criminal y maltrato animal, así como su hija, para la que pide tres años y cuatro meses de cárcel.
Rafa tenía «una posición de claro liderazgo (‘maestro’), siendo el miembro encargado de la faceta internacional» de la red y de cazar talentos, según el escrito fiscal, que detalla que en su finca de la localidad madrileña de Batres se hallaron veintidós perros «en estado lamentable de salud e higiene, sin agua ni comida» y dopados.
Los otros dos procesados que no han llegado a acuerdo son los dos veterinarios encausados, uno de Madrid y otro de Canarias, para los que la Fiscalía solicitaba tres años y cuatro meses de cárcel y una inhabilitación de tres años para su trabajo, según fuentes jurídicas.
Estos veterinarios presuntamente facilitaban el soporte documental necesario para la identificación, transporte y tenencia de los perros, además del suministro de medicamentos para los animales.
Las acusaciones populares, ejercidas por Podemos y Salvando Ángeles Sin Alas (SASA), se oponen al acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la mayoría de los procesados y mantienen sus peticiones para todos, más elevadas que las del Ministerio Fiscal.
Al haberse llegado a un acuerdo con la mayoría de los procesados en el juicio no se practicarán muchas de las declaraciones previstas y habrá muchas menos sesiones de las 48 programadas inicialmente.
Mañana el juicio continuará con los informes de la partes y previsiblemente con la declaración de varios de los cuatro procesados que no han llegado a acuerdo.
Entre los veintitrés acusados, procedentes de varias partes de la geografía española, figura un policía local de Adeje (Santa Cruz de Tenerife) al que la Fiscalía acusa de criar perros y colaborar en la celebración de las peleas ilegales, por lo que pedía para él siete años y cuatro meses de cárcel, que ahora se reducirán tras el acuerdo.
Este agente llegó a colaborar en la organización del campeonato que se celebró el 18 de febrero de 2017 en Güímar (Tenerife), en el que la Policía Nacional irrumpió y detuvo a varios de los presuntos integrantes de la red e intervino numerosos canes.
La organización, según el Ministerio Público, criaba a perros potencialmente peligrosos (PPP) a los que adiestraba para ser más agresivos, proporcionaba sustancias dopantes como testosterona para mejorar su condición muscular y entrenaba «hasta la extenuación», llegando a utilizar cintas de correr.
Después, destinaban a los animales a peleas concertadas con contratos previos en las que resultaban «muertos o gravemente heridos». A estos últimos los utilizaban como «sparring» de entrenamiento o decidían darles muerte cuando ya no les eran de utilidad para sus fines.
Expone la Fiscalía que la red operaba a nivel nacional, local y regional, detectándose grupos en Madrid, Canarias, Alicante, Murcia, Almería y Málaga, que estaban «interconectados» y tenían ramificaciones a nivel internacional para participar en peleas fuera de España, en países como México y Tailandia. EFE
