Madrid, 10 mar (EFE).- El PP ha presentado este jueves en la Fiscalía doce contratos de emergencia por importe de 326 millones de euros adjudicados por el Gobierno a siete empresas relacionadas con el entorno de varios ministros del Gobierno y unas ayudas concedidas a una compañía de los padres de Pedro Sánchez.
El escrito de denuncia se ha presentado por «la presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos» en la adjudicación de estos contratos.
En declaraciones a los medios, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha confiado en que la Fiscalía actúe sin atender «al color político de las personas investigadas» y «sea igual para todos», refiriéndose así a la investigación abierta por el contrato relacionado con el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que la izquierda ha llevado también ante el Ministerio Público.
Serrano ha aseverado que ante la intención de la Fiscalía de «llamar a familiares de políticos» cree que es «importante saber» qué pasa con el marido de Nadia Calviño, quien «recibió contratos de la Administración General del Estado» y, además, ha sido «designado mediador para que las empresas puedan acceder a fondos europeos».
También ha reprochado el caso de los padres de Pedro Sánchez por una empresa «que ha recibido financiación de los fondos ICO» o el caso del exministro José Luis Ábalos con una empresa de Zaragoza que ha pasado «de beneficios de cero euros a 53 de millones».
También ha señalado al exministro Salvador Illa que, desde Sanidad, pagó 3 millones de euros a una empresa de yeso por unos respiradores que «no han llegado y no se ha devuelto el dinero» y otra adjudicación por 263 millones de euros a una empresa de bebidas alcohólicas con una administradora «condenada por estafa».
A continuación se detallan las siete empresas y los contratos que el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid ha llevado a la Fiscalía:
–Tres contratos para Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S.L. por valor de 40.179.335 euros para la compra de mascarillas y material de protección. Según el escrito, esta sociedad con sede en Zaragoza, pasó de tener una cifra de ingresos de 0 euros en 2019, a 53,13 millones en 2020, que obtuvo «como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas» relacionadas con la covid.
Según expone el PP, la empresa no «tenía vínculo conocido alguno o mínimamente relevante con China que le hiciera apta para poder ser un suministrador referente de mascarillas adquiridas en dicho mercado», por lo que «no hay apariencia alguna de idoneidad y solvencia por parte del contratista que justifique su elección en la contratación examinada».
–Cuatro contratos con FCS Select Products S.L. por 263.126.600 euros para comprar 508 millones de mascarillas, diez millones de guantes de nitrilo y 150.000 gafas. El PP detalla que se adjudicaron cuatro contratos por un valor de 263 millones de euros a esta compañía, con sede en Barcelona, que ofrece servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas y su copropietaria está condenada por estafa.
La empresa pasó de una cifra de negocio de menos de un millón de euros en 2018 a 263 en 2020 por las adjudicaciones.
-Un contrato Weihai Textile Grupo con un valor de 10.192.606 euros para el suministro de 500.000 batas desechables. Según la denuncia, el coste por unidad ascendió a 16,7 euros, lo cual representa un precio «mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores», ya que el Gobierno cerró contratos por menos de un euro cada una.
–Dos contratos de Members of the Tribe S.L.U por un importe de 9.444.000 euros por la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) del Ministerio de Sanidad: El escrito señala que este contrato no tiene «ninguna lógica económica» y que el objeto social de la empresa (principalmente el diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios) no concuerda con la naturaleza del suministro.
Además, denuncia que el precio de la adjudicación por unidad (por encima de 0,10 euros) representa un sobrecoste de entre el 25 y el 500 por ciento de otras adjudicaciones y del doble del precio pagado por la propia Ingesa en adjudicaciones «inmediatamente anteriores».
–Un contrato Hyperin Grupo Empresarial con un valor de 3.310.000 euros para la compra de dispositivos de ventilación mecánica, cuando el objeto social de la compañía «nada tiene que ver» con el suministro de productos sanitarios, ya que se dedica a la fabricación de yesos para la construcción.
La denuncia expone que Sanidad adelantó al contratista la totalidad del importe del contrato (3.310.556 euros) pero la compañía comunicó unos días después que no era posible el suministro acordado y planteó un alternativa que no cumplía los requisitos, por lo que el contrato se extinguió pero Sanidad sigue sin recuperar el dinero adelantado tras dos años.
–Un contrato por importe de 532.400 euros con Beedigital, el nombre con el que opera Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A.. El escrito señala que el director de Marketing de esta empresa es el marido de la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, y que anteriormente no había obtenido ningún un contrato público con la administración.
El PP señala que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fichó a esta empresa para la gestión de la imagen digital y de la reputación de la Seguridad Social, pese a que mantenía deudas con ella, cuando la Ley de Contratos prohíbe adjudicaciones a compañías que no estén al corriente de pagos.
-Además, incluye en la denuncia otro posible caso de irregularidades con la empresa Industrias Plásticas Playbol, una compañía relacionada con los padres del presidente del Gobierno que recibió once ayudas públicas. EFE
