Madrid, 10 mar (EFE).- Veinte días después de que saltara la polémica del contrato de la Comunidad de Madrid relacionado con el hermano de Isabel Díaz Ayuso, el PP ha llevado este jueves a la Fiscalía presuntas irregularidades en contratos y ayudas por valor de 326 millones de euros, que podrían tener relación con el entorno del Gobierno de Pedro Sánchez y sus ministros.
La propia Díaz Ayuso ha avanzado esta denuncia en el primer pleno de la Asamblea de Madrid al que asiste desde que se desató la polémica en el seno del PP por la supuesta trama de espionaje por las comisiones que recibió su hermano por su intermediación en la compra de mascarillas en China durante la primera ola del coronavirus.
«Vamos a empezar a investigar a todos», ha advertido Díaz Ayuso, quien ha aseverado que pedirán la investigación del entorno del presidente del Gobierno; del exministro de Sanidad Salvador Illa; y de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, para saber «qué ha pasado durante la pandemia».
Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han vuelto a llevar a la Asamblea el contrato con la empresa Priviet Sportive vinculado con Tomás Díaz Ayuso, por el que la Fiscalía abrió diligencias tras la denuncia de los grupos parlamentarios de la izquierda.
Ahora Ayuso ha contraatacado y ha llevado al Ministerio Público que investigue si hubo «delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos» en varios contratos y ayudas concedidos por el Gobierno de Sánchez.
En el escrito de la denuncia, al que ha tenido acceso Efe, el PP hace referencia a doce adjudicaciones a siete empresas y la concesión de catorce ayudas a la empresa Industrias Plásticas Playbol, una compañía relacionada con los padres del presidente del Gobierno.
También apunta a un contrato de 532.400 euros con Beedigital, el nombre con el que opera Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A., en la que ejerce como director de Marketing el marido de la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño.
Una compañía que, según denuncia el PP, no había obtenido ningún contrato público con la administración y, además, fue fichada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la gestión de la imagen digital y de la reputación de la Seguridad Social, pese a que mantenía deudas con ella, cuando la Ley de Contratos prohíbe adjudicaciones a compañías que no estén al corriente de pagos.
Otros de los contratos que denuncia el PP son los adjudicados Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S.L. por valor de 40.179.335 euros para la compra de mascarillas y material de protección, llevados a cabo por organismos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Esta empresa, con sede en Zaragoza, cuya función es ofrecer servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales principalmente de energía, agua e infraestructuras agrícolas, pasó de tener una cifra de ingresos de 0 euros en 2019 a 53,13 millones en 2020, que obtuvo, según el PP, «como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas» relacionadas con la covid.
El PP ha utilizado «los mismos argumentos» que los utilizados por los socialistas ante la Fiscalía el pasado 18 de febrero y «donde pone PP pondrá PSOE», ha apuntado Díaz Ayuso, quien ha acusado a la izquierda de ejecutar un «ensañamiento» contra su familia «para desgastarla».
MÁS MADRID, PSOE Y UNIDAS PODEMOS ACUSAN A AYUSO DE ESTAR «DESAPARECIDA»
El contrato relacionado con el hermano de la presidenta madrileña ha vuelto a centrar el debate en el pleno de la Asamblea, donde los grupos de la izquierda han acusado a Ayuso de estar «escondida» y «desaparecida» desde que se desató la crisis interna del PP tras el supuesto espionaje a ella, y que ha provocado la caída del líder del partido, Pablo Casado.
«El que ha tenido que dimitir es el presidente de su partido por la escabechina que ha hecho en su casa con quienes han osado poner encima de la mesa sus vergüenzas y muchos están ahora aplaudiendo aquí», ha expresado la portavoz de Más Madrid, Mónica García, quien ha remarcado que los 283.000 euros que presuntamente ha cobrado su hermano en comisiones son «casi tres años del sueldo de una presidenta» o «diez años de salario de cualquier trabajador honrado».
García y Ayuso han chocado en el pleno cuando la portavoz de Más Madrid ha preguntado a la presidenta si creía que había dado las suficientes explicaciones con respecto a este contrato y ella le ha respondido que «mil veces más que usted con el sueldo que cobró demás en esta Cámara», en alusión a una cantidad que la parlamentaria cobró indebidamente por una dedicación exclusiva como diputada, mientras seguía con su trabajo como anestesista.
«Le reto a que demuestre que he tenido algo que ver, en ese o cualquiera, con alguno de mis familiares, sino tendrá que dimitir usted», ha expresado Ayuso, quien ha insistido en que no ha firmado «nada» ni existe ninguna irregularidad.
«No he dedicado un momento de mi vida, un solo minuto de mi tiempo a beneficiar a un familiar, no van a poderlo demostrar porque no existe», ha subrayado Ayuso, y ha añadido que la izquierda quiere «retorcer la voluntad popular» del 4M que les puso, ha dicho, en un lugar «irrelevante».
El portavoz del PSOE, Juan Lobato, también ha celebrado la presencia de Ayuso después de «casi un mes de vacaciones parlamentarias» y la ha acusado de «cargarse a Casado y esconderse durante tres semanas».
Lobato ha hecho a la presidenta madrileña una batería de preguntas sobre el contrato relacionado con su hermano, como cuál fue exactamente su función para cobrar una comisión de 1,5 millones de euros, si ha hecho más negocios con la Comunidad de Madrid o si se van seguir oponiendo a que se impulse una comisión de investigación parlamentaria para investigar la contratación de emergencia durante la pandemia.
«Hay que ver el fiscal que se ha perdido España», ha respondido Ayuso, quien ha ironizado con que deben impulsar una comisión que se llame «Isabel Díaz Ayuso y traigo a mis profesores de la EGB y me hacen una revisión completa».
La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, también ha preguntado a Ayuso por este asunto y si la Comunidad de Madrid activará una auditoría independiente, la cual ha rechazado la presidenta regional porque los contratos ya han sido fiscalizados por la Cámara de Cuentas, ha dicho. EFE
