Madrid, 16 mar (EFE).- En la Comunidad de Madrid, hay un millón y medio de personas en riesgo de exclusión social, lo que supone 370.000 personas más durante la pandemia -cinco puntos más que en 2018- e implica «un shock sin precedentes para la cohesión social» en la región, agravado por las brechas de género, el lugar de origen y la presencia de menores en el hogar, según un informe de la Fundación Foessa.
Cáritas ha presentado este miércoles el informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid de la Fundación Foessa, que supone la «primera radiografía completa de las consecuencias de la crisis de la covid-19«, en palabras del secretario general técnico de la Fundación Foessa y coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española, Raúl Flores.
Al acto también han acudido los directores de Cáritas de Getafe, Enrique Carrero, de Alcalá de Henares, Ricardo Ballesteros y de Madrid, Luis Hernández; e Isamar y Simona, usuarias de los servicios que ofrece la organización.
Flores ha lamentado el «gran aumento» de las personas en riesgo de exclusión social y ha querido explicar que su situación va «más allá» de la «falta de ingresos«, sino que incluye muchos otros factores como el acceso a la educación y al sistema sanitario, el aislamiento social o las relaciones sociales conflictivas.
Los resultados de la investigación reflejan que en la Comunidad de Madrid hay un millón y medio de personas que se encuentran en situación de exclusión social, lo que supone cinco puntos más que antes de la pandemia (del 17 % en 2018 al 22 %).
En el caso de las personas en riesgo de exclusión severa, el aumento ha alcanzado el 25 % con respecto a la situación prepandémica, y ahora mismo son 800.000 las personas que se encuentran en esta situación en la región.
Flores ha explicado que hay «tres brechas» que afectan a las personas más vulnerables, que son la de género, la de lugar de origen y la de presencia de menores en el hogar.
En relación a la de género destaca el hecho de que el 33 % de los hogares monoparentales sustentados por mujeres se encuentran en situación de exclusión social.
«Es una gran desventaja ser extranjero en Madrid», ha dicho el secretario general técnico de Foessa, quien ha precisado que en los hogares de extranjeros se da la exclusión «tres veces más» que en los habitados por españoles.
Flores ha querido poner el foco en la vivienda, un problema que afecta «a la cuarta parte de la población de Madrid», ya que su precio se ha incrementado en un 44 % desde el 2015 según el INE, y el informe de Foessa señala que un 16 % de los hogares de la región quedan por debajo del umbral de la pobreza severa tras pagar los gastos de la vivienda, algo que afecta a más de 400.000 familias.
En lo relativo a la sanidad, el informe cifra en 300.000 (un 11 % del total) los hogares que han dejado de comprar medicinas, prótesis, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos, además de haber aumentado hasta situarse en un 14 % el número de familias madrileñas que padecen algún trastorno de salud mental diagnosticado tras la pandemia.
Ante esta situación «crítica», el director de Cáritas Madrid ha enumerado los «retos» a los que se enfrenta la sociedad madrileña. Aunque ha valorado «positivamente» las medidas puestas en marcha por el Gobierno como el ingreso mínimo vital (IMV) o el denominado «escudo social» durante la pandemia, considera que «no han sido suficientes».
Fernández ha lamentado que solo se hayan concedido «un 20 %» de las solicitudes del IMV, que además requiere de «trámites complejos» que no todas las personas son capaces de afrontar de forma independiente.
Como solución al problema de acceso a una vivienda digna, «un derecho humano«, el director de Cáritas Madrid ha apostado por los «planes de construcción de viviendas sociales» ya que las personas en riesgo de exclusión social «no pueden pagar fianzas ni hacer frente al pago de alquileres».
Isamar, una de las usuarias de los servicios de Cáritas en Ciempozuelos, ha relatado a los presentes las «dificultades» que padece para poder cuidar de sus dos hijos al no encontrar un trabajo «estable» que le permita conciliar.
Hasta marzo de 2020, Isamar tenía un trabajo «bien pagado» que le permitía compaginar su vida laboral con la familiar, pero la irrupción de la pandemia la llevó a un ERTE que finalmente se convirtió en un despido y estuvo «hasta agosto» sin cobrar, meses durante los cuales tuvo que recurrir a la ayuda de Cáritas. EFE
