Madrid, 16 mar (EFE).- Comisiones Obreras considera que la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, prevista en el anteproyecto de la conocida como Ley Ómnibus, es «un paso previo a futuras privatizaciones que supondrá más ocultismo y falta de control en la contratación pública de bienes y servicios».
En un vídeo, el secretario de Políticas Sociales y Diversidad de CCOO de Madrid, Manuel Rodríguez, considera «innecesaria» la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid porque ya existe un organismo, la Junta Central de Compras, que garantiza la transparencia.
«En la actualidad, es obligatorio publicar cualquier compra de suministros en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, requisito que esta ley anulará de forma intencionada», indica Rodríguez, quien entiende que «lo que pretende el PP es que episodios como los ocurridos con el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, queden impunes».
Según el sindicato, el anteproyecto crea la figura del consejero delegado para dirigir y gestionar esta agencia, una persona que «puede ser ajena a la administración y muy cercana a las empresas que tienen intereses económicos en este sector».
CCOO señala en el vídeo que el anteproyecto arremete directamente contra los trabajadores de la región, al vulnerar el derecho a la negociación colectiva e imponer un régimen disciplinario para los agentes forestales, sin negociación ni participación de la representación sindical.
Otra disposición que «recorta garantías y libertades«, en opinión del sindicato, es la que afecta al Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que incrementa de seis a doce años el mandato de sus miembros, lo que, desde su punto de vista, pondrá en peligro la independencia, imparcialidad y objetividad de un tribunal que es el encargado de controlar y fiscalizar al gobierno regional.
Para CCOO, la norma fomenta el juego y la ludopatía, al posibilitar la instalación de máquinas recreativas en bares y cafeterías prácticamente sin control.
Manuel Rodríguez subraya que «estas razones, sumadas a la agresión al medio ambiente y al urbanismo, a evitar el control parlamentario y a silenciar la participación ciudadana, llevan a CCOO de Madrid a exigir al Gobierno del PP que retire el anteproyecto de inmediato».
El Gobierno regional aprobó el pasado 16 de febrero el proyecto de Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Ómnibus, y acordó remitirlo a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria.
La Ley Ómnibus actúa sobre cincuenta textos normativos, entre ellos 31 leyes, tres decretos legislativos, seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos. En este cómputo se incluye la derogación total o parcial que el proyecto realiza sobre cuatro leyes y otros cuatro decretos.
De acuerdo con el Ejecutivo regional, esta norma, en el marco del Plan para la Reactivación de la Comunidad de Madrid tras la crisis de la covid, supondrá un ahorro de un millón de euros al año para los contribuyentes por la reducción de los trámites y cargas administrativas, además de mejorar la eficiencia del servicio que se presta a los ciudadanos y las empresas. EFE
