Demandan al Estado por vulneración de derechos humanos en la Cañada Real

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Cañada Real. Fuente Twitter

Madrid, 18 mar (EFE).- La Plataforma Cívica por la luz en Cañada Real, junto con cinco grandes organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, ha denunciado al Estado Español ante el Consejo de Europa por la vulneración de derechos humanos en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana -con unos 4.000 habitantes-, que llevan sin energía eléctrica desde octubre de 2020.

La reclamación colectiva está ya en el Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR), el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Carta Social Europea por parte de los Estados miembros, y que en el caso de España está en vigor desde el pasado 1 de julio de 2021.

Rafael Cid, abogado y director de la estrategia jurídica llevada a cabo por la ONG Gentium, ha explicado que se denuncia al «conjunto del Estado» porque eso incluye a todas las administraciones públicas, «tanto ayuntamientos, como gobiernos central y regional», y ha incidido en que en la Cañada Real existen «vulneraciones de derechos humanos» y, en concreto, se incumplen «diez artículos de la Carta Social Europea«.

Cid ha dividido en dos bloques los artículos vulnerados. El primero comprende los derechos «transversales«, que son el derecho a la vivienda, a la protección de la salud, y a la protección contra la pobreza y la exclusión social.

La falta de electricidad, ha explicado el abogado, imposibilita «calentar los hogares frente a temperaturas bajas» y eso provoca el «incremento de afecciones respiratorias» o «problemas dermatológicos por el frío», pero también otras situaciones como «la imposibilidad de utilizar aparatos médicos» o «casos de intoxicación respiratoria por monóxido de carbono por el uso de fuentes de energía alternativas».

El otro bloque hace referencia a los derechos de colectivos más específicos como el de los niños y niñas, las mujeres o las personas con discapacidad, que se ven «aún más» afectados por la falta de electricidad.

Cid ha puntualizado que en la reclamación se incluye una demanda para solicitar «medidas cautelares» para restablecer la luz mientras dure el proceso, y será el Consejo Europeo el que se tenga que pronunciar «en las próximas semanas o meses» y así comprobar la viabilidad de la iniciativa, «pionera en España en lo relativo a la aplicación de la Carta Social Europea«, ha dicho.

El abogado ha puntualizado que la empresa encargada de restablecer el consumo es «Naturgy«, a la que se le han escrito «varias cartas», y a la que ha acusado de «instalar dos limitadores, uno en el sector 5 y otro en el 6 de la Cañada Real«, que son los que provocan que «salten los contadores»: «La propia empresa es la que está limitando el consumo», ha zanjado.

María López de la Usada, de la Asociación de Mujeres Juezas de España, ha incidido en la gravedad del asunto, al que ha calificado como una «violación grave, sistemática y continuada de los derechos humanos» que «ni la sociedad, ni la empresa eléctrica, ni la administración pública pueden tolerar».

López de la Usada ha querido poner el foco en los «1.800 niños y niñas» que «tienen dificultad para llevar ropa seca y limpia, para hacer los deberes o tienen riesgo de sufrir quemaduras de estufas o velas», y ha puesto de ejemplo el testimonio de un niño de 12 años que relata que «lo peor es el frío», en un lugar en el que hay desde «niños de tres días a gente de 80 años».

Omar Lamrani, vecino y vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Sector 5 de la Cañada Real, ha contado que allí se vive «la misma situación de guerra que en Ucrania, pero sin bombardeos», y ha afeado al Gobierno de Díaz Ayuso que para dejar a la zona sin luz utilice de «excusa» la venta de droga, «que se produce en un tramo de un kilómetro y la Cañada tiene 15 km«.

Lamrani ha relatado la «angustia, el miedo y la incertidumbre» que viven los vecinos de la Cañada, con «bebés recién nacidos con bronquiolitis, dos fallecidos por intoxicación por monóxido de carbono» o «enfermos de pulmón sin poder conectar respiradores«. La demanda de la asociación vecinal pasa por restituir el consumo eléctrico «de manera legal» para que «cada parcela tenga su propio contador«. EFE

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