Madrid, 1 abr (EFE).- Un cargo del Ayuntamiento de Madrid ha declarado como testigo por la adjudicación de tres contratos de material sanitario en marzo de 2020, por 12,3 millones de dólares, en el marco de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, a la que el consistorio dice que ha aportado «toda la documentación requerida«, por supuestas comisiones millonarias obtenidas por dos empresarios.
Así lo explica el Ayuntamiento este viernes a raíz de una información que publica «Eldiario.es» según la cual Anticorrupción investiga «comisiones millonarias» obtenidas por dos empresarios, uno de ellos Luis Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, que contactó con el cargo del Ayuntamiento «que durante aquellos días se afanaba en cerrar contratos» para adquirir equipos de protección contra el coronavirus.
«Lo primero que hay que dejar claro es que la Fiscalía no estaría investigando al Ayuntamiento de Madrid, sino ‘indicios de falsedad documental, delito fiscal y blanqueo de capitales en la intervención de los dos intermediarios’” en un contrato con la Administración, han dicho fuentes del Ayuntamiento.
Las fuentes del consistorio han dicho que «si la investigación de la Fiscalía concluyera que se cometió un delito que hubiera supuesto un perjuicio para las arcas municipales, el Ayuntamiento de Madrid estudiará la manera de personarse como acusación como posible perjudicado«.
Y añaden que el Ayuntamiento ha actuado con absoluta transparencia en la adjudicación de los contratos de emergencia.
Según estas fuentes, los contratos que están siendo investigados fueron aprobados los días 23 y 25 de marzo de 2020 «por unanimidad de todos los grupos políticos» en el consejo de administración de la empresa municipal de Funeraria, que a las 10:00 horas del lunes próximo, día 4, se reunirá en consejo extraordinario.
En dicho consejo figuran como integrantes, recuerdan fuentes municipales, Javier Barbero, de Más Madrid; Ramón Silva, del PSOE, y Pedro Fernández, de Vox.
La información de «Eldiario.es» dice que Luis Medina habría recibido un millón de euros por poner en contacto con los responsables de compras del Consistorio a otro empresario amigo suyo, que se embolsó 5 millones. La Fiscalía persigue indicios de falsedad documental, delito fiscal y blanqueo de capitales en la intervención de los dos intermediarios.
El Ayuntamiento es «el primer interesado en conocer si se ha producido algún delito con esos contratos, que le ha remitido a la Fiscalía la documentación requerida, contratos, correos o mensajes de WhatsApp, y que así «está prestando la máxima colaboración con la Justicia y lo seguirá haciendo hasta que se esclarezcan todos los hechos», han dicho las fuentes.
Y añaden que, además, todos los contratos de emergencias de la pandemia de la covid-19 también han sido remitidos al Tribunal de Cuentas.
Los tres contratos que investiga la Fiscalía son uno por 6,6 millones de dólares para la adquisición de 1 millón de mascarillas FFP2/ KN95, en el que se incluyó «una donación de 183.000 de las mismas características»; otro por 4,8 millones de dólares para la adquisición de 250.000 pruebas, y otro por 5 millones de dólares para compra de 2,5 millones de pares de guantes.
De esta última cantidad se devolvieron al Ayuntamiento 4 millones de dólares «por no ser el modelo acordado en la compra».
En total se pagaron 12,3 millones de dólares a la empresa Leno, explica el Ayuntamiento, y agrega que los tres contratos se hicieron «en precio según oferta y demanda del momento«.
El Ayuntamiento informa de que entre marzo y Julio de 2020 se realizaron 59 contratos de emergencia para adquirir material para los empleados municipales, todos ellos remitidos al Tribunal de Cuentas. EFE
