Fiscal mantiene pena de 9 años de cárcel para acusados de estafar deportistas

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Audiencia Provincial de Madrid. Fuente: Twitter

Madrid, 4 abr (EFE).- La Fiscalía ha mantenido su petición de nueve años de cárcel para una jefa de Hacienda y otros tres acusados de estafar a deportistas, al considerar probado que se hicieron con 6,1 millones de euros aprovechando que una treintena de futbolistas y baloncestistas no habían solicitado devoluciones fiscales.

La Audiencia Provincial de Madrid celebra este lunes la última sesión del juicio a los cuatro procesados por presuntamente estafar esa cantidad a una treintena de futbolistas y baloncestistas entre 2015 y 2016, mediante transferencias de la Agencia Tributaria a sus cuentas particulares y aprovechando que éstos no habían solicitado las devoluciones fiscales que les correspondían.

Entre los futbolistas perjudicados, ninguno de ellos conocedores de la trama, el Ministerio Público señala a los exjugadores del Real Madrid Nuri Sahin y Hamit Altintop; los exfutbolistas del Atlético de Madrid Eduardo Salvio y Sinama Pongolle; y Pierre Webo (Mallorca, Osasuna y Leganés), Marius Stankevicius (Sevilla, Valencia y Córdoba) y Emir Spahic (Sevilla).

El Ministerio Público solicita para los cuatro acusados penas de 9 años de prisión por delitos continuados de estafa, falsedad en documento público oficial y mercantil, y aprovechamiento de información privilegiada obtenida por funcionario público.

Al exponer su informe final, la fiscal ha asegurando que los acusados obtuvieron indebidamente un total de 6,1 millones de euros de 28 jugadores tras acceder ilegalmente a sus datos y pedir en su nombre devoluciones fiscales que se ha demostrado que los afectados no solicitaron, y que acabaron en cuentas de los procesados.

Ha subrayado que ningún jugador había solicitado ni a los procesados ni a nadie esas devoluciones fiscales a las que tenían derecho, ya que en la mayoría de los casos desconocían que tenían esa opción, y ha puesto de relieve que los acusados actuaron con ánimo de lucro y de engaño.

Sobre Leonor S.C, jefa de Dependencia Adjunta de Asistencia y Servicios Tributarios de la AEAT, ha detallado que, según desveló a investigación interna de ese organismo y confirmó la policía, fue «la única que accedió a todos los contribuyentes antes de presentar la declaración» y pasó los datos a los otros procesados para que materializaran las peticiones.

«Todos los clubes consultados, los catorce, manifestaron que los presuntos certificados no habían sido expedidos por ellos», ha añadido la fiscal, que ha puesto de relieve que los argumentos de descargo de los acusados «carecen de verosimilitud y lógica«.

La abogacía del Estado se ha pronunciado en la misma línea y ha considerado probados todos los delitos de los que se acusa a los procesados, reclamando para las arcas públicas todo el dinero supuestamente estafado.

Por su parte desde una de las acusaciones populares se ha modificado la petición inicial y su letrado ha rebajado su solicitud de cinco años de cárcel a dos por el delito de apropiación indebida. Mantiene seis meses de cárcel por usurpación de identidad y otros seis por uso fraudulento de información.

No aprecia esta acusación el delito de estafa, porque no hubo engaño a personas físicas, pero si «una apropiación indebida de un dinero que no es de la Agencia Tributaria«, sino de los jugadores, por lo que solicita que la entidad pública sea responsable civil subsidiaria.

En la misma línea se ha pronunciado el letrado de la otra acusación popular en el proceso, mientras las defensas de los procesados han defendido su absolución.

Por su parte las defensas no han considerado probados los delitos de los que se acusa a los procesados y han defendido su absolución, como hicieron los acusados durante sus declaraciones. EFE

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