Madrid, 6 abr (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dado instrucciones para personarse de manera «inmediata» en el procedimiento que se abra contra dos empresarios por presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid, para así «poder ejercer las acciones que correspondan en defensa» de los intereses del Consistorio y reclamar el dinero «en caso de que haya habido una estafa«.
Así lo ha dicho el regidor en declaraciones a los medios convocados después de que se haya conocido que la Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra los empresarios Luis Ramón Medina Abascal, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, y Alberto Javier Luceño.
Según la querella, ambos actuaron con «ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico» al ofrecer al Ayuntamiento la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario como mascarillas o guantes fabricado en China.
«Hemos tenido conocimiento a través de la Fiscalía que se ha presentado una querella como consecuencia de una estafa en un contrato del Ayuntamiento de Madrid, y esta querella lo primero que hay que indicar es que se dirige exclusivamente contra dos personas que son ajenas al Ayuntamiento”, ha señalado Martínez-Almeida a la prensa.
El regidor ha recalcado que “ni el Ayuntamiento ni ninguna persona que trabaja para el Ayuntamiento de Madrid es objeto de la querella”, sino que “el Ayuntamiento, en su caso, es el agraviado”, porque “se les imputa un delito de estafa”.
“Con lo cual, ya les digo que nos vamos a personar inmediatamente en el procedimiento judicial para ejercer todas las acciones que correspondan para que, en caso de que hubiera habido una estafa, el Ayuntamiento de Madrid pueda recuperar el dinero”, ha manifestado.
La Fiscalía imputa a los dos empresarios los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales como resultado de las diligencias de investigación incoadas en noviembre de 2020 por tres contratos por un valor de unos 12 millones de dólares concedidos a la empresa Leno.
Uno de ellos por una cuantía de 6,6 millones de dólares para la adquisición de 1 millón de mascarillas FFP2/ KN95, otro por 4,2 millones de dólares para comprar 250.000 test rápidos, y otro de 5 millones para obtener 2,5 millones de pares de guantes.
Al Ayuntamiento ya le fueron devueltos 4 de esos millones «por no ser el modelo acordado en la compra«, según confirmó el Consistorio, que defendió al conocerse esta querella que los contratos se hicieron «en precio según oferta y demanda del momento«.
Según la querella, «estos precios los fijó Alberto Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid, amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60 % en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 71 % en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir». EFE
