EFE.-Acosar a una mujer que acude a una clínica para interrumpir voluntariamente su embarazo o a los profesionales que los realizan es delito desde este jueves, castigado con una pena de entre tres meses y un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad.

La reforma del Código Penal, publicada el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), castiga a quien «obstaculice el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo» y acose a una mujer «mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad».

También quien acose a los profesionales sanitarios que realizan abortos y a los directivos de los centros habilitados para interrumpir el embarazo, ante los que suelen concentrarse miembros de asociaciones provida.

La ley considera «imprescindible garantizar una zona de seguridad» alrededor de esos centros para garantizar la intimidad de las mujeres, su libertad y su seguridad física y moral, así como sus derechos sexuales y reproductivos.

La norma, impulsada por el grupo parlamentario socialista, fue aprobada el pasado 6 de abril en el Senado con la oposición del PP y Vox.

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