Madrid, 19 abr (EFE).- El empresario Luis Medina ha pedido al juez del caso de las mascarillas que el Ayuntamiento de Madrid no sea acusación particular puesto que «ha firmado y aceptado los contratos investigados, y por esa participación a lo largo de la instrucción podría derivarse algún tipo de responsabilidad» no compatible con ser perjudicado.
Así lo exponen sus letrados en un recurso de reforma, al que ha tenido acceso Efe este lunes, interpuesto ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid contra el auto del pasado 12 de abril en el que el magistrado Adolfo Carretero daba por personados en la causa al Ayuntamiento de Madrid como acusación particular y al PSOE, Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid y Partido Podemos como acción popular.
La defensa de Medina recuerda que el Consistorio firmó tres contratos con una empresa malaya para adquirir mascarillas, guantes y test rápidos de covid, subrayando que en cuanto al primero «no hubo problema alguno ya que se recibieron todas, eran de la calidad que esperaban e incluso manifestó que el precio le pareció barato, al estar en aquel momento el mismo tipo de mascarillas en el mercado a 40 euros».
Cita así la declaración que hizo ante el fiscal Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento.
Sobre los guantes precisa que «en efecto llegaron, pero no eran de la calidad que se esperaban (40 mm) y se puso en contacto con el señor Luceño -el otro investigado en la causa- para que solucionara el problema, procediéndose en pocas horas a devolver la cantidad de 4.025.000 euros».
«El asunto se dio por concluido, y el Ayuntamiento se sintió satisfecho con la solución, por lo que ahora no pueden venir a quejarse de algo que dieron por válido y por lo que no interpusieron ningún tipo de reclamación», sostiene el escrito.
Sobre los test precisa que uno de los lotes no tenía reactivo pero ese líquido ya les había llegado y no consta que no funcionaran porque no hay reclamación al respecto.
«Por lo relatado, no puede aceptarse que el Ayuntamiento de Madrid sea acusación particular en un asunto donde ha estado de acuerdo con los contratos investigados, suscribiéndolos y en ningún momento revocándolos ni denunciándolos, habiéndose mostrado conforme con lo que ha obtenido de los mismos», concluye la defensa de Luis Medina.
Y pone de relieve que el Consistorio es una de las partes firmantes de los negocios investigados, «y en el caso de que de las diligencias se aprecie que se ha producido alguna irregularidad, la responsabilidad podría recaer en dicha Institución, por lo que no es el momento procesal oportuno para personarse ni tener como acusación particular a una parte que por su participación en los contratos puede acabar siendo investigada».
Este escrito se conoce el día en que también se ha hecho público que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso de las mascarillas que imponga una fianza de 891.227 euros al empresario Luis Medina para asegurar el pago de posibles responsabilidades, mientas que el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado el embargo de sus bienes por una cuantía total de 1,1 millones de euros.
El Ayuntamiento ve estrategia procesal que Medina pida que no sea acusación
La portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz (PP), ha considerado este martes que la petición de Luis Medina de que el Ayuntamiento no sea acusación particular en el caso de la presunta estafa de las mascarillas responde a una «estrategia procesal» en la que no va a «entrar», puesto que el Gobierno municipal está centrado en «defender cada euro público».
“No voy a entrar, lógicamente, en la estrategia procesal de este señor. Él sabrá cuál es la estrategia procesal que debe seguir. En todo caso nosotros en lo que estamos centrados, como hemos estado centrados siempre, es en defender el interés de los madrileños, defender cada euro público si se comprueba efectivamente a lo largo de ese proceso judicial que ha habido una estafa al Ayuntamiento de Madrid y en eso es en lo que estamos absolutamente centrados”, ha dicho Sanz tras un acto municipal.
Antes de que comenzara el mismo acto, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha afirmado que se trata de una estrategia procesal.
“Si acaba siendo, insisto, investigado el Ayuntamiento ya estaríamos hablando de una situación muy distinta, no estaríamos hablando de la situación actual. Y la situación actual es que, después de tres mil folios de sumario, que irán aumentando, pues nosotros no estamos siendo investigados aunque el señor Medina diga eso en la actualidad”, ha añadido la segunda edil de la capital.
Considera que Medina “está tratando de defenderse, como haría cualquier persona” en su lugar, pero “debería de hacerlo de otra manera” porque “a nosotros se nos ha perjudicado con esta situación”.
CARTAS PARA FACILITAR LA GESTIÓN DEL MATERIAL SANITARIO
Por otro lado, tanto Villacís como Sanz también han sido preguntados por la información del diario Público que dice que el alcalde avaló por carta a Alberto Luceño ante el Gobierno chino.
“El alcalde sabe ser portavoz de sí mismo, y como él escribió la carta de recomendación pues creo que el portavoz tiene que ser el alcalde, tiene que explicarlo él.
Yo entiendo que lo que el alcalde hacía en ese momento es tratar de facilitar, en la medida de lo posible, la llegada de las mascarillas, que es lo que realmente a nosotros nos urgía”, ha expuesto la vicealcaldesa.
Y ha añadido que no se envió esa carta a la Fiscalía porque el Ayuntamiento “no fue requerido para ello”.
Sanz, por su parte, ha aportado después: “El alcalde lo que hizo en esta ocasión, como en otras también en otros contratos, es para facilitar, precisamente, la salida de ese material en esas compras que se hicieron hacer esa carta para facilitar las gestiones en este contrato como en otros contratos”.
Ha querido recordar la delegada el contexto de aquella época, porque “el 10 de marzo de 2020 el Gobierno de España dijo que iba a centralizar todas las compras y proveer a todas las administraciones de esas compras centralizadas”, pero “unos días más tarde se olvidó de ese compromiso, y dijo que cada Comunidad, cada Ayuntamiento, se buscara la vida como pudiera e hiciera esas compras”.
“En ese contexto es donde nos encontrábamos, y evidentemente el mercado en China, como en otros países, era realmente complicado para poder sacar esos productos del país.
Simplemente se hizo en ese contrato pues lo que se hizo también en otros contratos”, ha defendido Sanz, que también ha asegurado que el Ayuntamiento aportó a la Fiscalía “absolutamente toda la documentación” que se le solicitó.
Asimismo, ha reiterado que la relación comercial fue con la empresa Leno, y que “en ningún momento hay relación comercial del Ayuntamiento de Madrid con este señor”.
“Esto es así, está en el sumario, eso lo ha investigado la Fiscalía durante todos estos meses, y así perfectamente declarado. Respecto a las cartas, ya digo, en los casos en los que era necesario porque el mercado lo requería se hacía esa carta para facilitar las transacciones”, ha afirmado Sanz.
La carta se hizo a Luceño, ha continuado explicando a otra pregunta en ese sentido, porque “evidentemente la persona que hablaba esos días para esa transacción lo hacía con Alberto Luceño”.
Ha dicho también que la carta fue “posterior al contrato”. “La negociación estaba cerrada, estaba avalada por todo el consejo de administración de la Funeraria en la noche del 24 de marzo, y eso es un momento muy posterior relativo a toda la situación de la logística y demás”. EFE
