EFE.- Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación sobre 13 contratos de adquisición de material sanitario y de adjudicación de ayudas por parte del Gobierno denunciados por un diputado del PP de la Asamblea de Madrid después de que esta misma Fiscalía comenzara a investigar el contrato de compra de mascarillas del que cobró el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un decreto, hecho público este viernes, la Fiscalía anuncia que las diligencias de investigación se dirigen a la práctica de comprobaciones sobre siete empresas presuntamente «favorecidas» con esos contratos y acuerda la apertura de diligencias por cada empresa.
La mayoría de los contratos para este material sanitario fueron adjudicados por organismos dependientes del Ministerio de Sanidad que entonces dirigía el actual líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, aunque también hay implicados otros departamentos como el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido entonces por José Luis Ábalos, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e Interior, José Luis Escrivá
Anticorrupción excluye cualquier participación de personas aforadas
Anticorrupción, al igual que ocurrió en el caso del contrato que atañe al hermano de Díaz Ayuso, excluye cualquier participación «ab initio» de personas aforadas, lo que determinaría que sea suya la competencia para investigar estos hechos y no de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
De hecho, la Fiscalía hace referencia al decreto por el que se abrieron diligencias de investigación acerca del contrato del que cobró Tomás Díaz Ayuso tras denunciarlo los grupos parlamentarios de la izquierda en la Asamblea de Madrid.
La Fiscalía considera aquel decreto «extrapolable a este» y, al igual que con esas denuncias, también ve procedente con esta «la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados».
El PP denunció vinculación entre empresas y miembros del Gobierno
«El hilo conductor en la exposición de los hechos que conforman las irregularidades» que han sido denunciadas, expone la Fiscalía, son «la vinculación de cada una de las sociedades con las distintas administraciones públicas y la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos».
La denuncia del PP vincula la adjudicación de varios contratos con la «amistad» o vínculos, por ejemplo, con Illa o con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y hace referencia a que algunas actividades de las empresas adjudicatarias no tienen relación con el objeto de los contratos. También vinculan la adjudicación a una empresa por su vinculación con los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Entre la documentación aportada, apuntan a varias noticias publicadas en los medios de comunicación.
Sin embargo, Anticorrupción sostiene que el PP no ha aportado «nada» para demostrar estas relaciones entre empresas y miembros del Gobierno «salvo la referencia a la publicación en diversos medios de comunicación». Sí ha aportado, en cambio, diversos documentos relacionados con los contratos «obtenidos de la Plataforma de Contratación del Sector Público, del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, así como del Servicio de Contratación de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social».
