La Fiscalía rechaza imputar al gerente de la Funeraria y a otros funcionarios y pregunta si cita al primo de Almeida como testigo o como imputado

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Audiencia Provincial de Madrid. Fuente: Twitter.

Madrid, 28 abr (EFE).- La Fiscalía ha rechazado que se investigue al gerente de la Empresa Funeraria de Madrid, Fernando Sánchez González, y a otros cargos del Consistorio por supuestas irregularidades en la documentación entregada a la Fiscalía en el caso de las mascarillas, ya que no se ha alterado ningún documento esencial.

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, el fiscal Luis Rodríguez Sol, responde así a la petición hecha recientemente por Más Madrid, acusación popular en la causa, para que el magistrado llame a declarar como investigado al gerente de la Funeraria de Madrid, Fernando Sánchez González.

Más Madrid cree que el Ayuntamiento «cambió y manipuló» los documentos entregados en la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2020 con respecto a los ofrecidos en abril de 2021: al principio se entregaron los contratos, las hojas de encargo y también la firma de la delegada del área de Seguridad, de Inmaculada Sanz, y «unos meses después esa firma y esos segundos documentos fueron eliminados«.

Ahora la Fiscalía explica que es cierto que la cartas de encargo referidas a los contratos investigados, por los que el Ayuntamiento pagó 11,9 millones de dólares, que constan en las actuaciones «presentan las diferencias que se detallan en el escrito», pero «coinciden en todo caso la fecha el documento, la identidad de las personas que lo firman y su contenido«.

Por eso concluye que «no se ha alterado, por tanto, ningún elemento o requisito esencial de los documentos» y no se incurre en delito de falsificación de documentos públicos.

Añade que la remisión de esas cartas de encargo «no ha supuesto ningún obstáculo para la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, como no lo ha supuesto ninguna otra actuación del Ayuntamiento de Madrid o de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que ha respondido puntualmente a todos los requerimientos formulados por la Fiscalía«.

«No procede, por tanto, ampliar la investigación a los hechos relatados en el referido escrito, ni citar en calidad de investigado a las personas distintas de los querellados«, concluye el escrito.

Tras la petición de Más Madrid, el Ayuntamiento de Madrid dirigió ayer miércoles un escrito al juez del caso mascarillas en el que niega cualquier intención de «ocultar información o causar engaño o error» a la Fiscalía y rechaza haber alterado o simulado las cartas de encargo que entregó en 2020 al fiscal con respecto a las que aportó en abril de 2021.

Por ello, la asesoría jurídica del consistorio se ha opuesto a ampliar la investigación al gerente de la Funeraria de Madrid por un supuesto delito de falsedad en documento público y obstrucción a la justicia, como solicitaba Más Madrid.

La Funeraria de Madrid fue la empresa municipal a través de la que se llevaron a cabo los contratos de emergencia en la primera ola de la pandemia del coronavirus, entre ellos los tres que investiga el juzgado de instrucción número 47 de Madrid, que mantiene imputados a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por supuesta estafa, falsedad y blanqueo.

A Medina el magistrado le imputa además el delito de alzamiento de bienes.

EL JUEZ PREGUNTA SI CITA AL PRIMO DE ALMEIDA COMO TESTIGO O COMO IMPUTADO

El juez que investiga el caso mascarillas ha consultado a las acusaciones y a las defensas del procedimiento si cita a declarar al primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en calidad de testigo o de imputado para que explique su contacto con el comisionista Luis Medina.

En una providencia a la que ha tenido acceso Efe este jueves, el titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, da tres días a las partes para que se pronuncien al respecto, dado que Unidas Podemos solicitó su declaración como imputado y Más Madrid lo hizo como testigo. Ambas son acusaciones populares.

El supuesto papel del primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida, fue relatado por el propio Luis Medina, hijo del duque de Feria y Naty Abascal y uno de los dos únicos investigados en el caso, que declaró ante el juez que obtuvo su contacto gracias a una directora de su antigua universidad, María Díaz de la Cebosa.

Según el aristócrata, cuando supo que el segundo investigado, Alberto Luceño, podría traer material sanitario de China, en marzo de 2020, habló con esta profesora, que le dio el número de Carlos Martínez-Almeida.

Medina llamó al familiar del regidor, y éste le dio un correo de Elena Collado, la coordinadora de presupuestos y recursos humanos del consistorio, con la que finalmente se cerraron los tres contratos de mascarillas, test y guantes que se investigan en esta causa por supuesta estafa al Ayuntamiento, que pagó 11,9 millones de euros pese a que la calidad era muy inferior a la prometida.

Tanto la funcionaria del consistorio como la profesora podrán dar su versión de lo sucedido el próximo 9 de mayo, cuando deberán comparecer ante el juzgado de Madrid.

Y lo harán con dos testigos más: los directores de dos oficinas bancarias en las que, según Unidas Podemos, que pidió su declaración, «los investigados habrían obtenido las desmesuradas comisiones y en las que realizaron diversos actos de disposición patrimonial«.

Ambos empresarios, imputados por delitos de estafa agravada, falsedad documental, blanqueo de capitales y también alzamiento de bienes en el caso de Medina, defendieron ante el juez esas comisiones, que ascendieron a 6,6 millones de dólares. EFE

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