Gabriel Boric, fuente twitter

EFE.- La ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, decretó este lunes «estado de excepción» en dos regiones del sur, una medida que durante meses criticó ferozmente, y que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para tratar de apaciguar la creciente violencia en la zona del denominado «conflicto mapuche».

«Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia (un tipo de estado de excepción)», anunció en un punto de prensa desde la sede de Gobierno.

Esta medida, que implica un despliegue militar, regirá en toda la región de La Araucanía y en dos provincias de la región del Biobío (sur) para «resguardar las rutas, permitir el libre tránsito de personas y el abastecimiento», señaló tras reconocer un aumento de la violencia en los últimos meses.

En estas y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.

En este contexto, son cada vez más frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios, tiroteos con víctimas mortales y huelgas de hambre de presos indígenas.

CAMBIO DE POSTURA

Hasta ahora, el mandatario progresista Gabriel Boric se había mostrado reacio a la militarización, señalando que solo ponía más tensión sobre el conflicto, y había criticado ferozmente a su predecesor, el conservador Sebastián Piñera, por promoverla entre octubre de 2021 y marzo de 2022.

Tras asumir la Presidencia el pasado marzo, Boric decidió no perpetuar esta medida y apuntó a una estrategia de «diálogo» a través del despliegue territorial de diferentes autoridades, sin embargo, esto no fue bien recibido por algunos grupos radicales, que continuaron realizando ataques y sabotearon varias visitas del Ejecutivo.

Además del despliegue militar, Siches detalló otras medidas como la solicitud de un fiscal preferente para delitos relacionados con narcotráfico y robo de madera, el impulso a la creación de un Ministerio de los Pueblos Indígenas y la inversión de 400.000 millones de pesos (460 millones de dólares) para mejorar la infraestructura y servicios de la zona.

La semana pasada, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización radical indígena que se ha atribuido decenas de atentados desde la década de 1990, llamó a la «resistencia armada» ante la posibilidad de una militarización.

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