El TSJM paraliza el decreto de Ayuso para contrarrestar la Lomloe

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Tribunal Superior de Justicia, Madrid: Fuente: Twitter

Madrid, 26 may (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido la entrada en vigor de varios preceptos del decreto del Gobierno madrileño sobre evaluación, promoción y titulación en ESO y Bachillerato, con el que el Gobierno regional pretendía contrarrestar la Lomloe, tras conceder las medidas cautelerísimas solicitadas por CCOO.

El decreto 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, regula aspectos sobre la evaluación, promoción y titulación de la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y en las enseñanzas de personas adultas, y buscaba evitar, dentro de sus competencias, que los alumnos pudieran obtener una titulación sin límite de suspensos.

El sindicato CCOO presentó un recurso contencioso-administrativo el pasado lunes en el que solicitó la suspensión de determinados preceptos del decreto por considerar que el Ejecutivo autonómico va en contra de las normas estatales y el TSJM ha acordado la medida cautelarísima de urgencia, dando un plazo de tres días -que concluye el viernes 27 de mayo- al Gobierno regional para presentar alegaciones.

En el auto de la Sección Octava de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, del 24 de mayo de 2022, se paralizan determinados aspectos del decreto como las mayorías cualificadas para la toma de decisiones por las juntas de evaluación y la posibilidad de fijar criterios apriorísticos para la promoción o la titulación sin la debida evaluación individualizada.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, ha señalado en un comunicado que la adopción de las medidas cautelarísimas solicitadas por el sindicato por parte del TSJM es «un auténtico varapalo» para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

«Este decreto de evaluación de Madrid, que hemos recurrido, contiene elementos que se quedan fuera de lo que regula la ley orgánica, por ejemplo, los criterios son muy generales y no tienen en cuenta la evaluación individual y personalizada que cada alumno tiene derecho a tener», ha explicado.

En este decreto, ha dicho Galvín, «se vulneran los derechos del alumnado pero también se vulnera la igualdad entre estudiantes españoles, ya que independientemente de donde vivan todos los estudiantes españoles tienen derecho a que se les aplique los mismos criterios para obtener un título académico«.

La secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid ha indicado que el decreto, tal y como está regulado, supone «una merma a la libertad de cátedra de los docentes que está consagrada en la Constitución».

«Estamos ante una decisión muy importante, ya que con ella hemos conseguido que se paralice la aplicación de un decreto muy negativo, tal y como está redactado para el alumnado, y que solo se propone mermar la libertad de cátedra y la autonomía de las juntas de evaluación», ha resaltado Galvín.

Para la dirigente de CCOO, este decreto «pretende imponer a los equipos docentes un juego de mayorías cualificadas, tanto en Educación Secundaria como en Bachillerato que no tienen justificación educativa» y no están en la Ley Orgánica«, pero aparecen en el decreto de Madrid porque el Gobierno de Ayuso se otorga competencias que no tiene.

Según la Constitución española, «las condiciones para obtener un título académico son competencia exclusiva del Estado y deben ser iguales para todos los españoles, algo que el Gobierno de Ayuso debería saber».

LA COMUNIDAD CONFÍA EN QUE SU DECRETO SIGA ADELANTE

Fuentes de la Consejería de Educación han explicado a Efe que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid trabajan desde el martes, cuando se le notificó el auto, en dar respuesta a esta decisión y levantar la medida cautelarísima acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y están elaborando un informe que se presentará en las próximas horas con el objetivo de que la Justicia pueda revocar esta decisión.

Desde el Departamento que dirige Enrique Ossorio, han resaltado que dos de las cinco magistradas que firman este auto han mostrado su disconformidad con la medida adoptada.

La Comunidad de Madrid considera que el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno regional el pasado miércoles no vulnera la normativa nacional y confía en que continúe adelante.

Para el Gobierno regional, el real decreto de evaluación, promoción y titulación del Gobierno de España es «laxo» y «le falta concreción», ya que, por ejemplo, no incluye el precepto de qué mayoría de docentes debe tomar las decisiones de promoción y titulación.

Por eso, el Ejecutivo autonómico incluye en su decreto que la decisión de promoción y titulación en Secundaria sea de una mayoría cualificada de dos tercios de sus miembros y previa deliberación, y de cuatro quintos en el caso de Bachillerato, para que esa decisión del equipo de profesores de ese centro sea «muy consciente y muy reforzada». EFE

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