EFE.-La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha confiado este viernes en que Instituciones Penitenciarias conceda el tercer grado a María Salmerón, condenada a nueve meses de prisión por no permitir a su marido -condenado por violencia machista- visitar a su hija.
Salmerón, quien ingresó ayer en un centro de inserción, había sido indultada por el Gobierno en varias ocasiones y aunque solicitó de nuevo la gracia tras haber sido condenada en 2020 por un juzgado de Sevilla a nueve meses de cárcel por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad, en esta ocasión no le fue concedida la medida.
Su hija Miriam confirmó en sus redes sociales el ingreso en el centro, indicando que su peor pesadilla «se ha hecho realidad», y que observó «paralizada cómo se cerraban tras ella las puertas de ese sitio que su maltratador, pese a ser condenado, nunca pisó». «Finalmente, esa persona que se propuso arruinarle la vida a mi madre hace más de 20 años y con la que comparto apellido, ha conseguido separarnos», indica la joven, que en diez días cumplirá 22 años.
Rosell califica de «malísima noticia» el ingreso
Victoria Rosell ha recordado que Igualdad ya se posicionó en este caso y no ha querido criticar al Ministerio de Justicia que no le ha concedido el indulto, pero sí ha llamado la atención sobre el hecho de que ninguna de las resoluciones ni actuaciones judiciales partían de la realidad de que Salmerón fue víctima de violencia de género.
«Es de esperar que si las penas tienen como fin la rehabilitación y reinserción social, quien presta más servicio fuera -el cuidado de su hija- no tiene por qué permanecer en un centro penitenciario», ha aseverado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
También ha destacado «la evidencia» de que Salmerón no está en riesgo de volver a delinquir, porque ya no existen régimen de visitas de su hija desde 2015. La imagen de esta mujer, ha dicho Rosell, debería hacern reflexionar, y ha incidido en que ella, antes de que lo recogiera la ley, ya puso de manifiesto que «un maltratador nunca puede ser un buen padre».
Salmerón fue condenada a nueve meses de prisión y al pago de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil, que abonó 24 horas antes de conocer la decisión de la jueza de que ingresara en prisión, a pesar de que confiaba en eludir el ingreso con esa acción.
Por el momento, según fuentes penitenciarias, Salmerón pasará unos días aislada del resto de las reclusas en cumplimiento del protocolo contra la COVID, y en un plazo máximo de una semana se valorará si se mantiene en este centro o bien se deriva a una prisión convencional.
Salmerón, que ya había sido indultada en varias ocasiones, solicitó de nuevo la gracia tras haber sido condenada en 2020 por un juzgado de Sevilla a nueve meses de cárcel por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad con la agravante de reincidencia, y que decidió que siguiera en libertad hasta esta resolución.
El plazo para ingresar en prisión terminó el pasado viernes, aunque tenía varios días de margen para ingresar de forma voluntaria todavía.
Se encuentra pendiente, además, de que se resuelvan los recursos interpuestos, en los que pide, de forma cautelar, la suspensión de la pena de ingreso en prisión y la anulación de sus antecedentes.
Asociación de Mujeres Juristas Themis, Fundación Mujeres, Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas o Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) ven sorprendente cómo el juzgado se ha negado a efectuar la suspensión de la pena de Salmerón, pero también a tramitar el escrito presentado solicitando la suspensión de la misma por cambio de circunstancias. Desde su punto de vista, esto es lo que no ha dado posibilidad de recurrirlo.
