Madrid, 13 jun (EFE).- La Comunidad de Madrid ha asegurado que el Estado es quien tiene las competencias para atender el primer centro de recuperación de víctimas de violencia de género creado en España, que anunció su eventual cierre por déficit presupuestario.
Así ha respondido la Consejería de Familia, Juventud y Política Social a la carta de los Ministerios de Igualdad y Derechos Sociales, en la que transmitían su «enorme preocupación» ante este cierre y pedían que utilizasen los fondos remitidos desde el Estado para financiar y mantener abierto este centro.
En respuesta a esta misiva, la consejería dirigida por Concepción Dancausa ha escrito otra remitida a las secretarías de Estado de Igualdad y Derechos Sociales, en la que también transmite la «perplejidad» y el «asombro» al recibir esta carta porque recuerdan que este centro está gestionado por una entidad de ámbito nacional (Federación Nacional de Mujeres Separadas y Divorciadas).
Señala que este recurso atiende a mujeres de otras comunidades autónomas e incluso de otros países, por lo que el Estado tiene atribuidas las competencias para atenderlo «sin perjuicio de que para su coordinación deba contar con la Comunidad de Madrid».
Así, desde el Ejecutivo autonómico aseguran que no pueden aceptar que «debido a una incorrecta gestión del ministerio, se traslade ahora a la Comunidad de Madrid el problema de este centro, alegando para ello falta de competencia por parte del Estado».
También recuerda que esta federación lleva percibiendo por parte del Estado subvenciones que provienen del 0,7 % del IRPF durante los últimos 30 años hasta el año 2021, incluso desde 2017, cuando las subvenciones pasaron a formar parte de las comunidades autónomas.
La Comunidad de Madrid alega que el Estado se ha comprometido económicamente con las entidades subvencionadas para que no se vean perjudicadas por el traspaso de fondos a las comunidades, y recuerda que el ministerio nunca ha comunicado la necesidad de que Madrid se hiciese cargo de dicho centro. EFE
