Fiscal cree irrelevante cómo llegó Medina al Ayuntamiento y no ve privilegios

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Luis Medina, uno de los socios investigados en el caso de las mascarillas en el Ayto de Madrid. Fuente Twitter

Madrid, 15 jun (EFE).- La Fiscalía considera «irrelevante» el medio por el que Luis Medina, investigado en el caso mascarillas junto a Alberto Luceño, accedió al Ayuntamiento de Madrid para ofertar material sanitario, y sostiene que esos empresarios «no recibieron ningún trato privilegiado por parte de ningún responsable municipal».

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal Luis Rodríguez Sol se opone al recurso interpuesto por Más Madrid contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, de denegar varias diligencias solicitadas por ese partido, como intervenir las llamadas telefónicas entre los investigados, responsables del Consistorio y el primo del alcalde.

El magistrado denegó el pasado 25 de mayo la petición de Mas Madrid, acusación popular en la causa, al entender que sería una intromisión en su intimidad obligarles a dar sus teléfonos y analizar las llamadas, que les perjudicaría de modo notorio al tener la condición de testigos y que además estas diligencias serían inútiles para averiguar el delito de estafa investigado.

Esto motivó que Más Madrid recurriera ante la Audiencia Provincial, argumentando que «para alcanzar un total esclarecimiento de los hechos y de las personas que en ellos intervinieron, bien como autores, bien como cooperadores necesarios o cómplices», es imprescindible «conocer en profundidad cómo y cuándo se produjeron esos iniciales contactos entre los investigados y las personas que les facilitaron un contacto directo con el Ayuntamiento de Madrid».

Ahora la Fiscalía explica que ese argumento «no se compadece con la realidad», pues tanto de las declaraciones prestadas hasta la fecha como de la prueba documental obrante en la causa se infiere, sin ningún género de dudas, que los querellados no recibieron ningún trato privilegiado por parte de ningún funcionario del Ayuntamiento de Madrid».

Sí considera acreditado que Luis Medina habló con el primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida, tras conseguir su número a través de una amiga común -María Díaz de la Cebosa-, y Almeida trasladó el objeto de esa llamada a la coordinadora general de la Alcaldía, Matilde García, quien le dio «una dirección de correo genérica y pública del Ayuntamiento de Madrid (cgalcaldia@madrid.es)», y que Medina escribió a ese correo, que luego fue derivado al de Elena Collado, quien finalmente cerró los contratos.

Subraya que esto ocurrió en un contexto en el que «las administraciones públicas esperaban con ansiedad cualquier oferta de material sanitario», e incide en que las maneras en las que los querellados accedieron a personas del Ayuntamiento «son irrelevantes para la investigación de los presuntos delitos» que se investigan, que son posteriores a los contactos previos.

«Las diligencias solicitadas por el recurrente son claramente inútiles y, en consecuencia, han sido correctamente denegadas por el instructor», añade.

El fiscal defiende el derecho al secreto en las comunicaciones, que en este caso entiende que no deber ser limitado.

El magistrado Adolfo Carretero mantiene investigados a Luis Medina y Alberto Luceño por presuntamente embolsarse 6 millones de dólares mediante tres contratos con el Ayuntamiento para proveer mascarillas, guantes y test covid, por los que el Consistorio pagó 11,9 millones de dólares.

La siguiente declaración prevista es el próximo viernes, cuando declarará como testigo el jefe de Prevención de Riesgos Laborales en Madrid Salud -organismo municipal- en relación a un correo que remitió el 13 de abril de 2020 al gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto.

En ese informe avisaba de que las mascarillas que gestionaron los investigados no contaban con los certificados oficiales. EFE

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