EFE.-El proyecto de ley por el que el Gobierno afianza la «gestión directa» como prioritaria en la prestación de servicios sanitarios plasma para el conjunto del Estado el modelo que ya aplican las comunidades gobernadas por el PSOE, pero puede chocar con las legislaciones de otras autonomías como Cataluña o Madrid.
El texto de la futura ley de Equidad, universalidad y cohesión en el acceso a la sanidad pública que este martes salió del Consejo de Ministros establece como «excepcionalidad» las colaboraciones público-privadas y obliga a las autonomías a motivar las externalizaciones.
Como será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el que determine las pautas para aprobar que los servicios públicos los presten empresas privadas, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha subrayado que se «respeta exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas», que son las competentes en esta materia.
Sin embargo, el «blindaje» de la sanidad pública que se propone como objetivo el Gobierno puede entrar en colisión con legislaciones como la catalana, que consolida un sistema sanitario mixto, que integra en una sola red de utilización pública todos los recursos sanitarios, sean o no de titularidad pública.
También en su Preámbulo, la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid establece que «la función de provisión de servicios sanitarios corresponde a la Red Sanitaria Única de Utilización Pública», en la que incluye a «los centros concertados con titularidad pública y privada».
A su vez, la Ley de Ordenación sanitaria de Euskadi, recoge que las relaciones entre el departamento vasco de sanidad y «cualquier entidad privada para la provisión de servicios sanitarios se instrumentalizarán, previa homologación, de acuerdo con lo que al respecto establecen la legislación general básica y la presente ley».
Sanidad privada en alza
La ley sobre acceso a la sanidad pública llega en un momento en que, como recoge el informe «La privatización sanitaria de las CCAA», realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), la sanidad privada sigue subiendo enteros en España.
Ese informe, dado a conocer en mayo, afirma que Aragón y Murcia son las comunidades que más han aumentado el grado de privatización de su sanidad durante la pandemia, aunque son Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias las que continúan presentando las cifras más altas, al contrario que Extremadura, Castilla-La Mancha y Cantabria.
En todo caso, los dos grandes principios del proyecto de ley -la «gestión directa» como prioritaria e impedir nuevos copagos- están ya en las políticas sanitarias de comunidades gobernadas por el PSOE como Baleares, que eliminó en 2015 el copago para los fármacos y cuya Conselleria de Salud considera la ley una «excelente noticia».
Recuperar la gestión directa
Desde 2015, con la socialista Carmen Montón como consellera de Sanidad, la Comunidad Valenciana ya reguló el acceso universal a la sanidad, eliminó los copagos y comenzó una reversión de las concesiones sanitarias a la gestión directa, como los hospitales de Alzira y Torrevieja, según fuentes de la Conselleria.
Extremadura eliminó hace tiempo los copagos y el porcentaje de camas en centros sanitarios privados no llega ni al 1 %, según han informado a Efe fuentes de la Junta, cuyo vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, cree que el proyecto de ley de equidad «potencia los valores del Sistema Nacional de Salud».
La exención del copago farmacéutico beneficia a 44.776 personas en Navarra, incluidos desde el pasado 1 de enero los pensionistas con rentas más bajas, y es el Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea el que realiza el grueso de las prestaciones, mientras la sanidad privada solo asume algunas tareas y servicios concretos de forma subsidiaria, por un 6,5 % del gasto total.
El Gobierno de La Rioja ha «internalizado» desde 2019 a la sanidad pública varios servicios, entre ellos la cirugía cardíaca, y solo mantiene acuerdos con el sector privado para algunos procesos, como las interrupciones voluntarias de embarazo cuando las solicita la mujer, a consecuencia de que todos los profesionales son objetores de conciencia.
En Aragón se ha puesto en marcha un plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgica, por 16,5 millones de euros este año y el siguiente, que incluye la prórroga del convenio con el Hospital General de la Defensa de Zaragoza, un convenio de colaboración con la mutua MAZ y la puesta en marcha de nuevas modalidades de contratación de servicios quirúrgicos con centros privados.
Desde una de las comunidades gobernadas por el PP, Murcia, se ha trasladado a Efe la necesidad de «un sistema público de salud sólido, que se debe seguir impulsando, pero que es compatible con el sistema concertado y privado tal y como se ha demostrado durante toda la pandemia», mientras que desde Andalucía se ha subrayado que la Junta se acoge «a todo lo que está recogido en el catalogo nacional del Ministerio».
CEIM defiende la colaboración público-privada en servicios sanitarios
La patronal madrileña CEIM defiende la colaboración público-privada en el ámbito sanitario, al considerar que «ahorra costes al sistema público y genera empleo», por lo que rechaza que se aprueben leyes que «primen la ideología frente a la eficiencia».
Así ha reaccionado CEIM al proyecto de Ley de equidad, universalidad y cohesión en el acceso a la sanidad pública, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que afianza la «gestión directa» como prioritaria en la prestación de servicios sanitarios, y establece como «excepcionalidad» las colaboraciones público-privadas, obligando a las autonomías a motivar las externalizaciones.
Según la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, el texto tiene «aspectos positivos, como la clarificación de los requisitos de acceso a la protección sanitaria con base universal, así como la eliminación del copago en determinadas prestaciones sanitarias para colectivos vulnerables», indica en un comunicado.
Sin embargo, la patronal madrileña entiende como «globalmente negativo el proyecto porque dichas decisiones deberían haber sido consensuadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, puesto que afectan a las cuentas públicas de las comunidades autónomas».
Por otra parte, CEIM muestra su rechazo porque, «desde una base ideológica obsoleta, en vísperas de unas elecciones autonómicas, se pongan trabas a la excelente colaboración público-privada en el ámbito sanitario», que no solamente ahorra costes al sistema público, permitiendo «la viabilidad del Estado de bienestar, sino que da empleo a miles de excelentes profesionales sanitarios».
Además, esta colaboración ha funcionado «de forma leal y sin reservas en la gestión sanitaria de la pandemia», añade el comunicado.
Los modelos de gestión directa e indirecta «conviven en varios sectores de la sociedad, con las debidas garantías y sin que en el ámbito sanitario se hayan producido desatenciones a los usuarios del sistema público», concluyen los empresarios madrileños. EFE
