Madrid, 22 jun (EFE).- El Índice DEC (IDEC) 2021, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, señala que Madrid es «un año más» la región «peor valorada en el desarrollo de su sistema público de servicios sociales», con una calificación de «irrelevante» y una puntuación de 3,07 sobre 10.
Además, es una de las diez autonomías que han empeorado su puntuación respecto al año anterior, bajando en 0,13 puntos y cosechando su peor valoración desde 2014.
El estudio hace hincapié en el «deterioro» de los servicios dirigidos a personas mayores: por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio retrocede tanto en volumen de beneficiarios (un 0,5 % menos de los mayores de 65 años) como en el tiempo que se les dedica (1 hora menos al mes).
Otros déficits remarcados por el IDEC son, por ejemplo, la dotación de las estructuras básicas de servicios sociales, que en Madrid tienen un profesional por cada 5.515 habitantes, siendo la media estatal de uno por cada 2.064.
O las plazas residenciales de financiación pública para personas mayores, equivalentes al 1,92 % de la población mayor de 65 años, frente al 2,7 % de media estatal.
Asimismo, Madrid ofrece plazas en centros de acogida para víctimas de violencia de género equivalentes al 10,5 % de las mujeres con orden judicial de protección (11,4 % en España), así como 36,4 plazas de alojamiento para personas sin hogar por cada 100.000 habitantes (41,2 en España).
RETROCESOS Y PUNTOS FUERTES
Madrid va a peor en cuanto a la cobertura de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI): en 2015 alcanzaban al 11,4 % de la población bajo el umbral de la pobreza, y ahora sólo llegan al 8,4 %, quedando por debajo de la media española por primera vez desde 2011.
Además, el gasto medio por titular en Madrid equivale al 12,9 % de la renta media por hogar en la región, porcentaje que, en España, es del 14,2 %.
Pese a tener la valoración más baja de España, hay varios aspectos en los que Madrid destaca «por encima de la media», como la Atención a la Dependencia o la cobertura de sus centros de día, servicios de teleasistencia (lo recibe el 14,27 % de los mayores de 65 años, frente al 10 % estatal) y servicios de ayuda a domicilio para mayores (llegan al 8,82 % de los mayores de 65 años, frente al 5,07 % nacional), aunque en este último lo hace con una intensidad horaria más baja que en otras regiones (14,32 horas al mes, en España son 17,79).
El informe también recalca que los acogimientos familiares de menores son el 60,6 % del total de acogimientos en Madrid, siendo en España el 50,1 %, y que la región madrileña ofrece 1,9 plazas por cada 100 personas con discapacidad (frente a una media nacional de 1,6).
CRECIMIENTO «EXIGUO» DEL GASTO
En el capítulo del gasto, las administraciones madrileñas quedan claramente por debajo de la media española en todos los parámetros analizados en el informe, pese a mostrar una tendencia creciente desde el año 2014.
El gasto por habitante y año en servicios sociales ascendió a 357,1 euros, con un «exiguo» crecimiento del 1,16 %; a nivel nacional, el gasto subió un 10 %, hasta una media de 446,9 euros por habitante y año.
El gasto público en servicios sociales equivale en Madrid al 1,11 % de su PIB (en 2019 fue el 1,04 %), mientras que en el conjunto de España este porcentaje es del 1,88 %.
Sin embargo, Madrid sí supera la media nacional si se estudia la significación del gasto en servicios sociales sobre el presupuesto total de sus administraciones públicas. El promedio estatal fue del 7,78 %, y en Madrid llegó al 7,94 %, bastante por debajo, en cualquier caso, de su propio porcentaje de gasto en 2019 (10,51 %).
Asimismo, en Madrid el Gobierno autonómico concentra el 77,35 % del gasto en servicios sociales, mientras que los demás Ejecutivos regionales asumen, de media, el 69,4 % de la inversión.
La «relación positiva» entre la «escasa relevancia económica del sistema» y la cobertura ofrecida se atribuye en el informe a «la economía de escala que supone el menor coste de prestación de servicios en territorios muy poblados, sin dispersión ni especiales dificultades de comunicación».
LA REGIÓN MÁS ATRASADA EN LO NORMATIVO
En otro orden, el informe reprocha a Madrid que sea la única región de España que «aún no ha aprobado una Ley de Servicios Sociales de nueva generación», aunque está «en fase avanzada de elaboración».
El DEC sostiene, por otro lado, que Madrid dio «un paso atrás» al retirar la delegación de competencias en atención a la dependencia a las entidades locales, así como la encomienda de gestión, de altas y registro informático de solicitudes, valoración de nuevas solicitudes y de revisión de grados.
NAVARRA, LA MEJOR COMUNIDAD
En el extremo de la clasificación contrario al de Madrid se sitúa Navarra, la única autonomía que alcanza una calificación de «alto», con una nota de 7,39.
Por detrás aparecen, en el escalafón de «medio», Castilla y León (6,89) y País Vasco (5,93).
Y, junto a Madrid, las otras regiones que reciben una calificación de «irrelevante» son Murcia (3,09), Canarias (3,66) y Cantabria (3,99). EFE