Médicos de Primara reclamarán «daños y perjuicios» a la Comunidad de Madrid

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Madrid, 5 jul (EFE).- La plataforma de médicos de Atención Primaria AP Se Mueve ha abierto un proceso judicial de demandas individuales contra la Comunidad de Madrid por importe de 12.000 euros, por «daño moral» y otros «perjuicios», por vulnerar derechos fundamentales de los médicos en el ejercicio de su profesión.

Con estas demandas individuales buscan «cuantificar los perjuicios que pueden ser objeto de reclamación», tras obtener en la demanda colectiva dos sentencias judiciales favorables -del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y del Supremo- «confirmando la vulneración de derechos» de los médicos de Primaria.

En marzo de 2021 el TSJM estimó que se vulneraron los «derechos de los médicos de Atención Primaria y pediatras, en materia de integridad física y salud, al no haberles dotado de forma completa de los medios y medidas de protección en su centro de trabajo» durante la pandemia.

Aunque el Supremo ratificó en febrero pasado la vulneración de derechos y la obligación de elaborar un plan de prevención de riesgos, sin embargo no obliga a la Comunidad de Madrid a fijar cupos de pacientes diarios para evitar la sobrecarga laboral.

Ahora, para las demandas individuales, los 12.000 euros en concepto de daño moral se calculan con base en «distintas resoluciones judiciales que permiten de forma ponderada y objetiva reclamar una cuantía lineal idéntica en todos los casos», indica la plataforma en un comunicado.

El segundo concepto a reclamar son «los perjuicios que individualmente puedan ser objeto de valoración a través de los distintos procesos de incapacidad temporal, con o sin secuelas, sufridos desde un año antes de la presentación de la demanda de conflicto colectivo y hasta la actualidad».

Este segundo cálculo se cuantificará «de forma individual con arreglo a la documentación que se solicitará a cada demandante».

El tercer concepto, también como «daños, se cuantificará con arreglo a un porcentaje del salario mensual como consecuencia del perjuicio objetivo ocasionado por no cumplir la Comunidad de Madrid con las normas en materia de prevención de riesgos» y no haber valorado consecuentemente los puestos de trabajo.

Este tercer concepto “novedoso” supone, de alguna forma, que no le puede “salir gratis a la administración como empresario público el incumplimiento de las normas de prevención» y la ausencia de vigilancia de las mismas.

La plataforma insiste en «la importancia del número de demandantes ya que cuanto mayor sea el número de personas que inicien los procedimientos individuales más fácil será acreditar tanto la publicidad y notoriedad de los perjuicios, como la posibilidad de que prosperen» las demandas en los juzgados de instancia.

Además, un número elevado de demandas tiene «gran importancia a la hora de trasmitir a la opinión pública la existencia abierta de un grave conflicto» en el ámbito de la atención primaria, por «dejación de las obligaciones legales de los gestores públicos», concluye la plataforma. EFE

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