EFE.- Históricos del PSOE como el expresidente del Senado Juan José Laborda y el exministro de Sanidad y Defensa Julián García Vargas han firmado un manifiesto contra el proyecto de ley de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar que «tergiversa» el «gran pacto constitucional» de 1978.
El manifiesto difundido este lunes es una iniciativa de la Asociación para la defensa de los valores de la Transición, surgida durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en oposición a la Ley de Memoria Histórica de 2007 y a la que pertenecen personas de «distinta procedencia política».
La Ley de Memoria Democrática, que será aprobada este jueves en el Congreso con el voto a favor de EH Bildu, levanta ampollas entre los socialistas. Varios exdirigentes del PSOE, entre ellos los expresidentes del Senado Javier Rojo y Juan José Laborda, han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire esta ley por ser «una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica».
También José María Múgica, hijo del político socialista asesinado por ETA Fernando Múgica.
«No aceptamos que el pacto constitucional sea objeto de una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica», afirma el escrito. «La reconciliación fue una de las claves de la Transición y así quedó plasmado en la Constitución.
Exigimos al Gobierno, a su presidente y a los responsables de los grupos parlamentarios el replanteamiento del proyecto de la ley de Memoria Democrática basado en el consenso por el bien de nuestra convivencia y el futuro de nuestra democracia», continúa.
Entre los firmantes, otros históricos socialistas como José Rodríguez de la Borbolla y exministros de Felipe González como Julián García Vargas, Julián García Valverde (actual presidente de la Fundación Gregorio Peces Barba) y Javier Sáenz de Cosculluela. También los exdiputados de UCD y del PSOE Luis Berenguer y Carmela García Moreno, y el actual director de la Fundación Pablo Iglesias, Salvador Clotas.
Los firmantes, entre los que se encuentran otras personas de «muy distinta procedencia política», dejan claro que «no aceptamos que se considere como periodo sospechoso hasta diciembre de 1983, cuando ya se habían celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales, dos municipales y varias autonómicas».
«Nos preocupa que esta sospecha sea fruto de un pacto con Bildu, que aún no ha formulado una crítica a los crímenes terroristas», apuntan.
La Asociación de Defensa de los Valores de la Transición asegura que apoyan y respaldan la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil, «así como cuantas medidas reparadoras del daño y del sufrimiento causado a las víctimas, pudieran añadirse a las ya adoptadas desde el inicio mismo de la Transición».
Esta asociación advierte y recuerda que «Bildu ha utilizado la violencia terrorista como método sistemático de actuación con consecuencias dramáticas bien recordadas», por lo que critica que esta ley se pacte con ellos, que ni tan siquiera «han formulado una condena expresa de aquellos crímenes».
Reconciliación
«La reconciliación fue una de las claves de la experiencia histórica de la Transición, una experiencia compleja y no exenta de dificultades en la que los españoles quisimos superarlo que había sido un largo periodo de las dos Españas, excluyentes y enfrentadas.
Así lo hicimos y así quedó plasmado en la Constitución de 1978. Personalidades relevantes que habían pertenecido a los dos bandos de la Guerra Civil, con el inequívoco apoyo de una gran mayoría social, concordaron entonces el camino hacia una España democrática e integrada en un nuevo proyecto de Europa, que también influyó decisivamente en aquel trance», prosigue la carta.
Para lograrlo, la Asociación de Defensa de los Valores de la Transición recuerda la importancia de la Ley de Amnistía de 1977, que según los firmantes la nueva Ley de Memoria Democrática parece desmerecer».
