Madrid, 20 jul (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción cree que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González pudo ser, «sin duda alguna», responsable de un delito electoral en las elecciones autonómicas del año 2007, donde era director de campaña para el PP, si bien afirma que la prescripción impide sentarlo en el banquillo por ello.
Como sucede con su antecesora, Esperanza Aguirre, el fiscal Alejandro Cabaleiro ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que archive el caso Púnica para Ignacio González, si bien contra él ve más indicios que contra la también exministra.
En su informe de 860 páginas, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía afirma que no se puede contemplar la continuidad delictiva electoral «debido al dilatado lapso temporal entre unas elecciones y otras».
Por ello, «pese a la existencia documental de haberse cometido un delito electoral en las elecciones autonómicas del año 2007», la prescripción hace que «no puede dirigirse el procedimiento frente a ninguno de sus presuntos responsables, incluido, sin duda alguna José Ignacio González».
Explica que el expresidente madrileño -que sí está procesado en el caso Lezo, una trama en torno al Canal de Isabel II- fue «beneficiario» de trabajos de reputación realizados por empresas del entorno de la trama Púnica y cree que la investigación ha acreditado que el expresidente sabía de la existencia de dichos trabajos.
Señala que se realizaron campañas «para contrarrestar noticias negativas» que le afectaban «a título personal» relacionadas con causas judiciales como el ático de Marbella o el caso de los espionajes.
Y menciona también una «reunión» mantenida en la Asamblea de Madrid con el objetivo de que «desde diferentes entidades de la Comunidad de Madrid colaborasen para sanear las arcas públicas del Partido Popular madrileño, debiendo llegar al millón de euros», según la versión del exdirectivo de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid Silvano Corujo, que señaló que el ex consejero delegado de ICM José Martínez Nicolás así se lo había dicho.
El fiscal afirma que, «lógicamente», de acreditarse estos hechos serían constitutivos de delito, pero señala que aunque se ha podido confirmar esta reunión, no se ha acreditado dicho contenido: Martínez Nicolás lo negó, la versión del denunciante es insuficiente y no hay «indicios de cambios en las adjudicaciones, ni intentos de desvío de fondos». EFE
