Madrid, 28 jul (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado dos recursos interpuestos por los Ayuntamientos de Alcorcón y Leganés en el que demandaban a la Comunidad de Madrid por su «inactividad» en la gestión de las residencias en el peor momento de la pandemia, en la primavera de 2020.
En sus denuncias, ambos consistorios pedían que la Consejería de Sanidad «medicalizara» estos centros y les dotará de más medios, tanto humanos como materiales.
La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha desestimado los recursos porque considera que no hubo «inactividad de la administración de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias».
Tanto el Ayuntamiento de Alcorcón como el de Leganés alegaban que el Gobierno regional no había cumplido con las obligaciones que se recogen en «el artículo segundo de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo», en la que el Ministerio de Sanidad pedía «la adopción de medidas relativas a la residencias de mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria».
También añaden que se desobedecieron las propias instrucciones de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, en las que se solicitaba un refuerzo para estos centros.
Los jueces afirman ahora en los dos fallos que la normativa, dictada por el Gobierno central, eran directrices que no exigían obligado cumplimiento.
Estas resoluciones suponen un cambio en la línea que este tribunal había adoptado durante la pandemia.
Cuando se presentaron las denuncias por «inactividad» de la Comunidad en abril de 2020, los magistrados dictaron medidas cautelarísimas en las que se instaba a la Consejería de Sanidad a medicalizar las residencias de los municipios y a dotarlas de más medios para proteger a los internos y trabajadores.
Dos de los cinco magistrados sí que estiman que se pudo hacer más para frenar los efectos de la covid en los centros de mayores de ambos municipios y consideran que las órdenes del Ministerio de Sanidad sí obligaban a la consejería a medicalizar los centros de mayores.
Los Ayuntamientos ya han anunciado este jueves que van a interponer un recurso de casación. La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha mostrado su «discrepancia» con la sentencia. «Consideramos que salvar vidas no puede ser nunca una opción, sino que, muy al contrario, es una clara responsabilidad y obligación por parte de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, que era quien tenía las competencias en ese momento», ha explicado.
El regidor de Leganés, Santiago Llorente, por su parte, también ha avanzado que van a seguir «pidiendo justicia» para las familias, demostrar que «se hicieron mal las cosas» y, sobre todo, van a velar para que no suceda lo mismo en el futuro.
En un comunicado, la Plataforma Verdad y Justicia por las residencias ha reaccionado con «sorpresa e incredulidad» a las dos resoluciones del TSJM respecto al recurso interpuesto por los Ayuntamientos de Alcorcón y Leganés contra la inactividad de la Administración regional en el ejercicio de sus competencias en los centros para mayores.
Según datos oficiales, el 23,9% de los residentes murieron en Alcorcón (163 de los 682 mayores registrados), donde solo 35 de los 163 fallecidos fueron llevados al hospital, mientras que en Leganés fallecieron 271 personas, que son el 20,8% del total de residentes del municipio. De esos 271 solo 68 fueron trasladados al hospital (25%).
Dicho de otra manera, el 75% de los fallecidos en Leganés no fue trasladado y el 76.5% en Alcorcón, mientras que la sentencia considera que medicalizar residencias era una opción.
Por este y otros motivos, la plataforma considera que el auto del tribunal, con el voto particular en contra de dos magistradas, sigue en línea con la actuación que, hasta ahora, ha tenido la justicia ante la muerte de 7.291 personas en las residencias de la Comunidad de Madrid.
«Un número totalmente elevado comparado con otras comunidades autónomas, provocado por la falta de asistencia médica adecuada para los mayores con el único criterio de exclusión hospitalaria que el residir en una residencia o no tener seguro médico privado», concluye la plataforma. EFE
