Audiencia ratifica que no declare el gerente de funeraria en caso mascarillas

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Audiencia Provincial Madrid. Fuente: Twitter

Madrid, 13 sep (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la decisión del juez del denominado «caso mascarillas» de denegar varias diligencias, como investigar correos enviados a la coordinadora general de la Alcaldía, Matilde García, o la declaración como testigo del gerente de la funeraria municipal.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, investiga si los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño estafaron al Ayuntamiento madrileño al embolsarse 6,6 millones de dólares mediante tres contratos con el Consistorio para proveer de material sanitario en marzo de 2020.

Tras varias semanas sin novedades en la causa, este lunes se supo que la Audiencia Provincial ha determinado que no hay «indicios sólidos» para imputar al primo del alcalde de la capital, Carlos Martínez-Almeida, que fue quien facilitó a Luis Medina el correo para que se pusiese en contacto con el Consistorio.

Así el tribunal ha desestimado los recursos en este sentido del PSOE y del grupo municipal socialista, acusaciones populares en la causa.

Ahora, en otro auto que está fechado el 9 de septiembre, la Sección Tercera de la audiencia madrileña desestima el recurso planteado por Podemos, al que se adhirieron el Grupo Mixto y Más Madrid, contra el auto dictado en junio por el magistrado en el que denegaba a practicar varias diligencias de investigación.

El juez consideraba, en ese auto de junio, que no debía practicarse averiguaciones sobre determinados correos, sobre actas del Consejo de Administración de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios y sobre mensajes intercambiados entre los miembros de este órgano, porque ni la coordinadora de la Alcaldía, Matilde García, ni el Ayuntamiento son investigados en la causa.

Igualmente el magistrado denegaba que declarase el gerente de la empresa funeraria, Fernando Sánchez, porque tampoco es investigado.

La Audiencia Provincial resuelve ahora en el mismo sentido, aunque precisa que el argumento de que esas personas no son investigadas no sería obstáculo para llevar a cabo las diligencias, pero sí que no se trate de pruebas no útiles.

En cuanto a la declaración del gerente de la empresa funeraria para aclarar si alteró datos en documentos referidos a la compra del material sanitario, los magistrados de la audiencia lo consideran algo «irrelevante» ya que son diferencias meramente formales que se hicieron sin mala fe.

Además, sostienen los magistrados que no se deduce una manipulación en determinados correos intercambiados entre responsables de áreas municipales, como así indican las declaraciones de los investigados, de varios testigos y «la abundante prueba documental relativa a correos electrónicos y mensajes de WhatsApp intercambiados», gracias a lo cual «se conoce debidamente el itinerario seguido en el desenvolvimiento de las negociaciones y las personas intervinientes» en los contratos investigados.

Sobre la petición de todas la actas del Consejo de Administración de la empresa funeraria referidas a 2020 y 2021, la Sala cree que se trata de una petición «indiscriminada» y de «naturaleza prospectiva», al igual que considera que ocurre con la petición de investigar las conversaciones de WhatsApp entre los miembros de ese Consejo. Y subraya que los acuerdos adoptados en este órgano lo fueron por todos los grupos municipales. EFE

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