El Gobierno aprueba la ley que protegerá a quien denuncie prácticas corruptas

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Isabel Rodriguez

EFE.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes para remitirlo al Congreso el proyecto de ley que protegerá a las personas que denuncien prácticas corruptas en sus empresas o en la administración, una norma que lanza un mensaje a la sociedad: «la lucha contra la corrupción es una labor ética de todos».

Con estas palabras ha presentado el proyecto la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa en la Moncloa, donde la titular de Justicia, Pilar LLop, ha desgranado los ejes de la futura ley.

La directiva europea que traspone esta norma, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE, tenía que estar desde diciembre plasmada en la legislación nacional, por lo que, ante el retraso, la Comisión Europea abrió en febrero un procedimiento contra España y otros veinticinco estados miembros.

Multas de hasta un millón de euros

Se crea, ha dicho Llop, una «autoridad administrativa independiente que va a suplir lo huecos que quedan en nuestro país en materia de lucha contra la corrupción». La elaboración del texto ha sido «compleja», pero se ha intentado «guardar el equilibrio necesario», no obstante, ha dicho la ministra, «la norma seguramente tendrá su recorrido en tramitación parlamentaria».

Además de las económicas habrá otras sanciones, como amonestaciones públicas o la prohibición de recibir subvenciones, de contratar con la administración pública o de obtener beneficios fiscales.

No sustituye la vía judicial 

Los mecanismos que se establecen en la norma no sustituyen las tradicionales vías de denuncia cuando el hecho que se informe sea constitutivo de delito quedará siempre abierta la vía judicial, ha señalado Llop, que lo ha calificado de texto de «gran complejidad» por lo que supone «introducir nuevas figuras dentro de nuestro entramado institucional y del sector privado».

Para su elaboración se ha contado con «sugerencias de parte de la sociedad civil, pero también de las comunidades autónomas» y también con la Federeción Española de Municipios y Provincias porque también será de aplicación a las entidades locales. 

«Cualquier ciudadano, cualquier funcionario púlbico, podrá informar de operaciones, adjudicaciones que sean sospechosas y la legislación tiene la obligación de ofrecer una protección real y efectiva frente a cualquier tipo de represalia, tanto a él como en caso de que exista una situación de riesgo a su entorno», ha señalado Llop.


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