Madrid. EFE.- El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES) han suscrito un convenio de colaboración para promover viviendas de alquiler asequible, en el marco del cual la entidad pública entregará terrenos en Madrid, para el proyecto Campamento, y también en Málaga, Sevilla, Ibiza y Valencia.
En concreto, SEPES pone inicialmente a disposición Campamento en Madrid, el Residencial Buenavista en Málaga, el Parque Artillería en Sevilla, Can Escandell en Ibiza y el cuartel de Artillería y el Cuartel de Ingenieros en Valencia, publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Durante la vigencia de este convenio, que presentará la ministra Raquel Sánchez esta mañana, SEPES puede poner a disposición nuevos suelos de su cartera o sobre los que haya adquirido la propiedad mientras se ubiquen en ámbitos territoriales en los que existe un mayor desajuste entre la evolución de los precios y el acceso a la vivienda.
El programa de actuación tendrá que programar el presupuesto transferido en ejercicios anteriores más el que se va a transferir en el año 2022, lo que supone un montante de 258,8 millones de euros.
ZONAS TENSIONADAS
El convenio suscrito tiene como objetivo establecer el marco de colaboración entre el Ministerio y SEPES para la ejecución de parte del Plan de viviendas para el alquiler asequible o social destinado a aquellas personas o familias con ingresos limitados en territorios en los que exista un mayor desajuste entre los precios y las posibilidades de acceder a una vivienda.
En el debate del estado de la nación, en julio pasado, entre las medidas para buscar una salida «justa» a la crisis económica, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el desbloqueo de la Operación Campamento, un proyecto urbanístico paralizado desde 2005 para construir más de 10.000 viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa, situados en el sur de la ciudad de Madrid, en el distrito de Latina.
La Operación Campamento data de 2005, cuando se firmó un convenio entre los entonces ministros de Defensa, José Bono, y Vivienda, María Antonia Trujillo, y el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, para la construcción en dos fases de hasta 22.100 viviendas en esta zona militar en desuso al oeste de la capital.
En 2006, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asistió al comienzo de la demolición de los viejos cuarteles y, aunque ya debían estar construidas 10.700 viviendas, no se ha puesto un solo ladrillo pero sí se ha culminado la tramitación administrativa necesaria.
El Ministerio de Defensa recibió el 24 de noviembre de 2011 las licencias municipales para la demolición de los cuarteles y el 31 de marzo de 2012 el Ayuntamiento de Madrid aprobó definitivamente el Plan Parcial de reforma Interior del ámbito, que establece de forma pormenorizada su ordenación.
Después, el 4 de mayo de ese año, se ratificó el texto definitivo del convenio urbanístico, también aprobado por el Pleno municipal.
El 10 de mayo se presentó para su aprobación la iniciativa urbanística del ámbito suscrita por Sepes y por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, que el 24 de octubre de 2011 constituyeron la comisión gestora del ámbito y presentaron un proyecto de urbanización que no ha sido ejecutado.
El futuro de los terrenos quedó en suspenso en 2015 con la renuncia del empresario chino Wang Juanli, propietario del grupo Wanda, a realizar la inversión de 3.000 millones de euros que había previsto, que incluía además de las 10.700 viviendas, tres superficies comerciales medianas y una red de comercios de proximidad situada en los bajos de edificios residenciales y de oficinas.
Recuperar este proyecto urbanístico fue también una meta que se marcó la exalcaldesa Manuela Carmena, que hizo la oferta a Fomento precisamente en su último debate del estado de la ciudad, celebrado en 2018, proponiendo más de 11.000 viviendas, pero no logró su objetivo. EFE
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