Colegio Virgen de Europa

Madrid, 30 nov (EFE).- La jueza que investiga a un profesor del colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte acusado de grabar a alumnas desnudas ha apercibido a la Comunidad de Madrid para que facilite los medios necesarios para el volcado de las imágenes, que ha pedido siete veces, recordándole que puede incurrir en desobediencia y obstrucción a la justicia.

En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, la magistrada Sara Gómez Rubín de Célix se refiere así al hecho de que la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid no haya atendido aún la petición del juzgado de facilitar los medios necesarios para que la Guardia Civil pueda proceder al volcado, extracción y procesado de los dispositivos que se investigan.

La Guardia Civil intervino al profesor, tras su detención en junio, casi 30 discos duros en buen estado y doce troquelados, que tienen que ser analizados y sobre los que hay que elaborar el correspondiente informe pericial, que es la prueba fundamental del caso, han detallado a EFE fuentes jurídicas.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles sí ha practicado durante los últimos cinco meses las pruebas testificales y documentales necesarias, por lo que la investigación por un presunto delito de pornografía infantil no se ha visto paralizada, han precisado a EFE fuentes jurídicas.

En la providencia, fechada el pasado 16 de noviembre, la jueza cita «los numerosos recordatorios e incidencias dados por parte de este Juzgado» a la Comunidad de Madrid para «dar cumplimiento a la solicitud de la dotación de discos duros para que el laboratorio de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid pueda proceder al volcado, extracción y procesado de los dispositivos».

Detalla que desde el pasado 21 de julio lo ha solicitado en siete ocasiones, «sin que hasta el día de la fecha se haya dado ni respuesta a la petición ni a los motivos que impiden la dotación solicitada», y que sta «desatención» supone una «dilación indebida» en la instrucción del caso y en el trabajo de los investigadores de la Guardia Civil.

Por eso libra oficio a la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid «para que a la mayor urgencia posible se de cumplimentación a la solicitud efectuada, con el apercibimiento de que en caso de que no se de contestación a la misma, los hechos podrían constituir un delito de desobediencia a la autoridad judicial o un delito de obstrucción a la justicia».

Añade que, si no puede ser así, se indique al juzgado cuáles son los motivos y que se identifique «a la persona o personas encargadas o responsables del servicio de dotación de medios».

El consejero de Justicia, Enrique López, ha explicado, en unas declaraciones remitidas a EFE, que el gobierno regional «atiende todos los requerimientos que en materia informática piden los juzgados de la Comunidad de Madrid, y lo seguiremos haciendo».

«Lo que ha habido es un problema en la compra, lo primero por falta de stock y en segundo lugar por un problema en cuanto a la gestión de la compra, pero en todo caso sí que tenemos que analizar hasta dónde llegan las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de recursos a los juzgados y donde comienzan las del Ministerio del Interior en materia de policía judicial», ha añadido.

Ha deslizado que «quizás» este material tuvo que haber sido puesto a disposición del juzgado por el Ministerio. EFE

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