Detenido y destituido Pedro Castillo tras intentar un golpe de Estado en Perú

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Dina Boluarte, presidenta de Perú.

Lima (EFE).- El ya expresidente peruano Pedro Castillo puso fin este miércoles a su turbulento mandato al dictar un extemporáneo cierre del Congreso, calificado mayoritariamente como un golpe de Estado, horas antes de que se votara una moción de destitución en el Parlamento que, según todas las cuentas, no iba a prosperar.

El destituido presidente peruano fue conducido al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en el que también está recluido el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel, mientras es procesado por rebelión y conspiración.

Después de permanecer varias horas detenido en la Prefectura de Lima, Castillo fue conducido en medio de un fuerte resguardo a un cuartel policial en el distrito del Rímac para abordar un helicóptero que lo llevó al penal de Barbadillo, como se conoce a la prisión policial ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).

Crónica de la jornada

Por sorpresa, sin avisar en sus redes sociales o a través de su equipo de prensa, Castillo comenzó la jornada del miércoles con un mensaje en video transmitido a la nación con las manos temblorosas y al que, durante horas, no se tuvo acceso a través de las redes sociales de la Presidencia.

«Se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional», dijo el todavía mandatario.

En el mismo, pidió «convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses».

La reacción del Congreso

El pleno del Congreso destituyó a Castillo, por «permanente incapacidad moral» con 101 de 130 votos a favor, después de que este anunciara la disolución del Legislativo y declarara un Gobierno de excepción de emergencia, lo que fue calificado como un golpe de Estado por diferentes voces, incluida la vicepresidenta.

Tras esta decisión, el Parlamento solicitó a la vicepresidenta Dina Boluarte que jurara como nueva jefa de Estado, en reemplazo de Castillo, y convertirse así en la primera mujer gobernante de la historia del país.

La decisión fue anunciada por el presidente del Legislativo, José Williams, luego de que Castillo fuera destituido por el pleno por «permanente incapacidad moral», tras anunciar que iba a disolver el Congreso y la formación de un Gobierno de emergencia nacional.

Williams informó que, a partir de la decisión del Congreso, se activa la sucesión presidencial contemplada en la Constitución, y se convoca a sesión del pleno para que Boluarte jure como la primera mujer en asumir la presidencia peruana en 200 años de vida republicana del país.

El Congreso denunció un golpe

Legisladores de diferentes bancadas del Congreso de Perú denunciaron que Castillo dio un golpe de Estado al anunciar que dicta la disolución del Parlamento y la conformación de un «Gobierno de emergencia» en el país.

«Esta decisión configura un golpe de Estado y se aleja de todos los marcos constitucionales», declaró la legisladora izquierdista Ruth Luque, cuya agrupación ha apoyado habitualmente la permanencia de Castillo en el poder.

La parlamentaria agregó que la decisión del exgobernante «es claramente un golpe al estilo del 92», en referencia al «autogolpe» que dio en 1992 el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), que también disolvió el Congreso.

El congresista derechista José Cueto, del partido ultraconservador Renovación Popular y excomandante de las Fuerzas Armadas, afirmó que, «por supuesto que es un golpe de Estado», y que las Fuerzas Armadas «respaldan al Congreso».

La fujimorista Martha Moyano coincidió en que se trata de un golpe de Estado y aunque pidió guardar «la calma», dijo que se debe «alzar la voz, decir las cosas como son».

La disolución dictada por Castillo

El destituido mandatario peruano decidió disolver temporalmente el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia nacional, horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia en su contra que podría haberlo apartado de la jefatura del Estado.

«Se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional», dijo Castillo en un mensaje a la nación que no fue previamente anunciado por su equipo de comunicaciones o en sus redes sociales.

Con un temblor evidente en sus manos, anunció que también dicta «convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses».

«Se declara en reorganización del sistema judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)», agregó.

Castillo añadió que «todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas» y que «quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley».

Funcionarios renuncian

El canciller peruano, César Landa, denunció que Castillo dio «un autogolpe de Estado» e invocó a la comunidad internacional a ayudar al «re-encauzamiento democrático en Perú», además de declarar que el mandatario tomó la decisión de disolver el Congreso sin su apoyo.

Otro compañero de gabinete, el ministro de Justicia de Perú, Félix Chero, anunció su renuncia al cargo que ocupaba desde marzo pasado por «respeto a la institucionalidad democrática», como también lo hicieron los titulares de Economía y Trabajo.

Entre tanto, el representante de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, se unió a la ola de dimisiones.

«No puedo por razones morales y profesionales tener ninguna vinculación con un régimen que funciona en base a decretos», dijo el embajador en una reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington.

También Boluarte fue de las primeras en pronunciarse y denunció que el cierre del Congreso y la conformación de un Gobierno de emergencia dictado Castillo constituye un «golpe de Estado».

La Fiscalía abre una investigación preliminar a Castillo por rebelión y conspiración

La Fiscalía de la Nación (general) de Perú dispuso iniciar diligencias preliminares contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración, tras el anuncio del cierre del Congreso y la instauración de un «gobierno de emergencia» en su país.

«La Fiscalía de la Nación dispone iniciar diligencias preliminares contra Pedro Castillo, en su condición de presidente, por la presunta comisión del delito contra los poderes de Estado y orden constitucional, modalidad de rebelión, en agravio del Estado», escribió el Ministerio Público en Twitter.

Inmediatamente después, agregó que la investigación también se extiende a «la presunta comisión de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración, en agravio del Estado».

Castillo es trasladado al mismo penal en que está preso Alberto Fujimori

El destituido presidente peruano Pedro Castilllo fue conducido al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en el que también está recluido el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel, mientras es procesado por rebelión y conspiración.

Según pudo constatar EFE, Castillo salió esposado de la Prefectura de Lima.

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