Madrid, 10 ene (EFE).- El sindicato Satse ha denunciado ante el Juzgado Contencioso-administrativo la resolución de la Consejería de Sanidad que reordena los efectivos afectados por el cierre de los antiguos servicios de urgencias extrahospitalarias SAR y SUAP, y la apertura de los nuevos Puntos de Atención Continuada.

Además, Satse ha solicitado medidas cautelares para que «se suspenda judicialmente todo el proceso al vulnerarse, entre otros el derecho a la libertad sindical al no negociarse, por ejemplo, las condiciones laborales de los profesionales, incluidas sus retribuciones», indica el sindicato de enfermería en un comunicado.

El pasado 28 de diciembre la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) publicó la resolución que reorganiza en los nuevos puntos de atención continuada (PAC) a los profesionales afectados por el cierre de los antiguos Servicios de Atención Rural (SAR) y los de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), para la apertura de 78 nuevos centros de continuidad asistencial.

La resolución recoge los dispositivos que se abren con su ubicación y el número de plazas ofertadas por categoría, diferenciando los 49 centros contarán con el equipo completo -médico, enfermera y celador- de otros 29 puntos que solo tendrán personal de enfermería y celadores.

Además, el texto de la Consejería señala que esta reordenación se hace «previa negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad», algo que los sindicatos presentes en la misma niegan.

Para el sindicato de enfermería, “tanto la norma como los propios Tribunales de Justicia establecen requisitos muy claros para que pueda hablarse del desarrollo de un verdadero proceso de negociación” que, en este caso, «no se han producido».

Satse entiende que «se han cerrado centros (SAR y SUAP) abriéndose otros, los PAC, que presumiblemente tendrán un ámbito funcional, jornada distinta y retribuciones diferentes a las que tenían asignados los profesionales», incumpliéndose además el compromiso de la Consejería de que «todos los centros, los 78, iban a estar dotados con personal de enfermería, médico y celador».

También se ha presentado «un recurso de alzada ordinario contra la resolución», solicitando igualmente «la nulidad del proceso«, en base a las «numerosas irregularidades que se han ido produciendo durante este proceso de reordenación».EFE

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