Agencias.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Diaz, ha destacado que la reforma cumple los compromisos de España con la Comisión Europea y atiende a las recomendaciones del Pacto de Toledo y de diversos organismos públicos y privados. Además, responde a la necesidad de unificar la normativa sobre esta materia.
Yolanda Díaz ha resaltado que el objetivo del Gobierno es que toda la contratación tenga carácter indefinido: «Todo el sistema de incentivos y bonificaciones se va a dirigir al espíritu de la reforma laboral, que es la estabilidad en el empleo».
No habrá ninguna bonificación a la contratación temporal, excepto en el supuesto del contrato de sustitución.
Asimismo, la vicepresidenta ha incidido en que «no se trata de abaratar los costes laborales, sino de mejorar la empleabilidad en colectivos que sabemos de antemano que tienen enormes dificultades para poder acceder a ella». En este sentido, ha subrayado que, por primera vez, las personas con discapacidad intelectual límite y otros trastornos de salud mental se incluyen entre los colectivos de atención preferente, entre los que también figuran los mayores de 45 años parados de larga duración.
Las víctimas de violencia de género o de violencias sexuales mantendrán las bonificaciones y se incentivan los contratos vinculados a la conciliación durante toda su duración.
Nuevas bonificaciones
Yolanda Díaz ha explicado que se bonifica, con 275 euros durante tres años, la contratación indefinida de personas menores de 30 años que no tengan ningún tipo de cualificación. Además, se fomentará el contracto en prácticas y se permitirá la capitalización de la prestación pública por desempleo para fomentar el cooperativismo.
La vicepresidenta también ha resaltado que se promoverá la transformación de los eventuales en la agricultura en fijos discontinuos ordinarios y que se reforzará la negociación colectiva en materia de empleo. El fin es que las empresas también negocien sobre los incentivos que deben tener cada una de las realidades mercantiles.
Los empresarios que reciban incentivos tendrán la obligación de mantener al trabajador empleado durante, al menos, tres años desde el inicio del contrato incentivado.
La norma entrará en vigor en el mes de septiembre, según ha adelantado la vicepresidenta segunda, y el modelo se someterá a un proceso de evaluación permanente: «Vamos a un sistema lineal y absolutamente transparente».
