22 municipios de Madrid incumplen el mandato de tener zona de bajas emisiones

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Madrid, 22 ene (EFE).- Desde el pasado 1 de enero, en toda España es obligatorio que los municipios de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones (ZBE) que restrinja el acceso a los vehículos más contaminantes. Sin embargo, y en la tónica del conjunto del país, en la Comunidad de Madrid el cumplimiento de esta norma deja que desear: sólo dos de las 24 localidades afectadas tienen medidas en vigor.

Más allá de la capital, sólo Rivas-Vaciamadrid tiene activa alguna medida: el resto presentan proyectos en fase de desarrollo, planes que verán la luz a lo largo del año o incluso, en algún caso, una manifiesta falta de voluntad para ejecutar la obligación.

LA CAPITAL MANTIENE Y AMPLÍA

En la capital, las siglas ZBE no suponen una novedad: hace ya más de cuatro años que la exalcaldesa Manuela Carmena puso en marcha Madrid Central, restringiendo la circulación en el corazón de la ciudad con una ZBE muy discutida en su momento (Vox aún insiste en derogarla) y que ha acabado marcando el camino a seguir.

Superados varios procesos judiciales, el área limitada sigue vigente, ahora con el nombre Distrito Centro, y el Gobierno del popular José Luis Martínez-Almeida (que, en la oposición, llevó la medida a los tribunales) ha expandido las restricciones a otros puntos de la ciudad.

Ahora todo el perímetro definido por la M-30 es, en sí mismo, una ZBE donde los vehículos sin distintivo ambiental no empadronados en Madrid no pueden circular. Además, el año pasado se creó una nueva ZBE en el entorno de Plaza Elíptica, lugar que frecuentemente arroja los peores datos de contaminación atmosférica de toda la ciudad.

RIVAS, ÚNICA ALUMNA AVENTAJADA

De los otros 23 municipios madrileños que superan los 50.000 habitantes, sólo Rivas cumple con el mandato estatal, pues ha creado pequeñas ZBE en el entorno de los colegios, donde ha instalado señalización y semáforos para reducir la movilidad en los horarios de entrada y salida, especialmente. A ello sumará otras restricciones que implantará a lo largo del año.

LOS SIGUIENTES EN LA COLA

Del resto de municipios, dos de los más avanzados son Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, donde los trabajos están en marcha y esperan poder multar desde el 1 de enero de 2024. En los próximos meses comenzarán la señalización horizontal y vertical, las campañas de información y el envío de notificaciones a quienes “hubieran incumplido la norma” en caso de que funcionasen las ZBE.

También se vislumbra un cumplimiento próximo en Alcalá de Henares, donde ya están en marcha las obras para implantar una ZBE en la zona oeste del Casco Histórico, y en Fuenlabrada, que ya ha licitado algunos contratos para implantar su ZBE, que coincide con el perímetro de su Distrito Centro (unos 63.500 metros cuadrados), y prevé resolver la tramitación en el primer trimestre del año.

ESPERANDO LOS FONDOS EUROPEOS

Varios de los ayuntamientos consultados tienen proyectos de ZBE más o menos avanzados y dicen estar esperando una inyección de fondos europeos para su ejecución.

Es el caso de Getafe, que ha abierto un proceso de escucha entre sus vecinos para delimitar el área restringida; Alcorcón, que ya tiene esbozada su ZBE en torno al ámbito, ya peatonalizado, de su calle Mayor; o Leganés, que ha empezado a hacer obras en el centro de la ciudad para implantar la ZBE y espera ponerla en marcha a lo largo de 2023.

También de Parla, que ha iniciado los trabajos de acondicionamiento para limitar la entrada de vehículos al centro urbano; Pinto, que medirá la calidad del aire durante 2023 para delimitar su ZBE en base a los datos recopilados; de Boadilla del Monte, que ya ha decidido circunscribir su ZBE a su casco histórico; y de Valdemoro, que ha perfilado un área restringida de 23.800 metros cuadrados.

DEBERES PENDIENTES

Móstoles cuenta, por ahora, con un protocolo sobre medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno, que ya prevé la creación de un área central en la ciudad en la que se adopten progresivamente incentivos y restricciones.

Collado Villalba, Las Rozas y Majadahonda tienen pendiente la aprobación del plan para reducir las emisiones, aunque mantienen el compromiso de establecerlo en el inicio de este año, mientras que Torrejón de Ardoz tiene en tramitación la ordenanza que regulará su ZBE y Aranjuez se ha limitado a encargar un estudio que incluya una propuesta de ZBE.

Por su parte, Pozuelo de Alarcón aprobó en octubre inicialmente el plan para determinar las ZBE, aunque remarcan desde el Consistorio que su implantación y puesta en marcha se regularán posteriormente con la correspondiente ordenanza municipal.

Coslada sometió recientemente a información pública su plan de movilidad sostenible, donde aparece esbozada la ZBE, pero la documentación reconoce que la implantación de cámaras y otros elementos tecnológicos requerirá un mínimo de un año.

En Arganda del Rey el Ayuntamiento esperó a diciembre para encargar la elaboración de un plan de movilidad en la ciudad; según las primeras previsiones del Consistorio, se verán afectadas por las restricciones 17 calles.

Y Tres Cantos, cuyo censo rebasó los 50.000 habitantes por primera vez en 2022, abrió el año pasado el proceso de revisión de su Plan de Movilidad Sostenible, sin que haya trascendido su contenido.

RECHAZO FRONTAL

Por último está el ejemplo manifiestamente rebelde de Colmenar Viejo, cuyo alcalde, Jorge García (PP), alega que el Gobierno ha pretendido que desarrollaran el proyecto sin el protocolo prometido para “saber cómo crear estas zonas”.

También censuran que no se les ha entregado la ayuda económica prevista, pese a los gastos que conllevaría. No obstante, a finales del año pasado encargaron a una empresa un estudio de situación, aunque no han culminado la elaboración del plan, que tienen pendiente. EFE

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