Madrid, 25 ene (EFE).- El grupo parlamentario de Más Madrid ha registrado este miércoles en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley de medidas urgentes para paliar los daños ocasionados por las obras de ampliación de la línea 7 de Metro de Madrid en la localidad de San Fernando de Henares.
Este ley incluye, entre otras medidas, la adopción inmediata de medidas de asistencia y apoyo a las personas afectadas y el restablecimiento de infraestructuras públicas mediante la reconstrucción económica y social del municipio de San Fernando de Henares a través de la cooperación y colaboración entre las distintas administraciones implicadas.
«Frente al desprecio, el insulto y la falta de empatía por parte de (la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz) Ayuso, me siento orgullosa de demostrar que hay otra política que atiende, acompaña y se esfuerza en que los madrileños y madrileñas vivan mejor», dice la portavoz del grupo, Mónica García, en declaraciones remitidas a los medios.
En concreto, la norma contempla indemnizaciones inmediatas a los afectados por la pérdida de su vivienda, lo que supone la suma entre la tasación de la vivienda, más 65.000 euros por daños materiales y 30.000 euros más por daños morales.
También la reparación de los inmuebles afectados no derribados, así como una subvención para financiar prestaciones básicas de servicios sociales y garantizar el acompañamiento institucional a los vecinos mediante el asesoramiento, la intermediación, o el refuerzo psicológico.
La puesta en marcha de una línea de ayudas a comerciantes que han visto paralizado su negocio comprende concesión de ayudas para paliar daños de cualquier naturaleza en las edificaciones, instalaciones o bienes de equipamiento afectos a la actividad empresarial.
Además de la recuperación de los servicios públicos liquidados por los derribos, tales como la escuela oficial de idiomas o escuelas infantiles.
Los problemas con la línea 7b de Metro se remontan 15 años atrás, tan solo un año después de su inauguración, provocando grietas y daños en más de 600 viviendas de trece calles de este municipio del este de la capital, además de espacios y edificios públicos, locales y garajes.
El problema radica en los movimientos del terreno por la presencia de sales y agua en la zona, afectando a la estabilidad de los edificios que se encuentran en la superficie del tramo final del recorrido del suburbano, cerrado en su totalidad desde agosto del año pasado, tras sufrir varios cortes totales y parciales durante los últimos años.
La Comunidad de Madrid ha destinado una partida de 7 millones de euros para el cobro de las indemnizaciones, que oscilan entre los 136.000 y los 355.000 euros por cada vivienda y que la Plataforma de Afectados ve insuficientes. EFE
