Móstoles, 4 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Móstoles ha alertado este viernes de la aparición de «graves hundimientos y socavones» en el terreno bajo el cual iba a discurrir el trazado del proyecto fallido del tren Móstoles-Navalcarnero, una situación que «supone un grave riesgo para la seguridad» de los vecinos de la localidad.
Tras una inspección en el tramo final de la avenida Iker Casillas, a la altura del polideportivo Andrés Torrejón, los técnicos del Consistorio han constatado «la presencia de numerosas grietas y socavones de gran profundidad» en los terrenos por los que discurre, bajo tierra, el trazado ferroviario inacabado.
El terreno sobre el trazado, que empezó a ser soterrado en 2014, tras la paralización de las obras en 2010, ha cedido «en numerosos puntos», ha denunciado la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), tras visitar este viernes el tramo afectado acompañada del concejal de Mejora y Mantenimiento de los Espacios Públicos, David Muñoz.
Desde el Consistorio aseguran que «la responsabilidad de esta infraestructura inconclusa y de velar por el correcto estado del área en la que se iniciaron los trabajos de acondicionamiento de la vía es de la Comunidad de Madrid«, por lo que Posse ha exigido al Gobierno regional que revise «de forma urgente» los terrenos.
Fuentes de la Consejería de Transportes e Infraestructuras han señalado a EFE que los técnicos de la Comunidad de Madrid «ya han revisado» la situación de los terrenos y que «han visto que no hay ningún riesgo ni para los vecinos ni para el municipios», además de que «ya han encargado el relleno de tierras».
No obstante, Posse ha protestado: «No queremos que Móstoles se convierta en otro San Fernando de Henares. La Comunidad de Madrid debe enviar a sus técnicos de modo urgente a inspeccionar la zona e informar al Ayuntamiento de todas las actuaciones que han realizado y que va a llevar a cabo para garantizar la seguridad de nuestras vecinas y vecinos», ha añadido.
Desde el Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos, insisten en que «desconocen el estado de las obras que se han llevado a cabo en el subsuelo y en superficie», por lo que «resulta imposible evaluar si las nuevas canalizaciones o actuaciones municipales que pudieran iniciarse se podrían ver afectadas al realizarse en un terreno no seguro».
«Los trabajos llevados a cabo por la Comunidad de Madrid tampoco coinciden con el proyecto inicial», han explicado, por lo que solicitan toda la información referente al proyecto, para «conocer cuál es exactamente el estado de la zona y si pueden surgir problemas en otras partes de la ciudad incluidas en el trayecto previsto para el tren de Móstoles a Navalcarnero».
La ampliación de la red de Cercanías desde Móstoles a Navalcarnero fue un compromiso electoral bajo el mandato de la expresidenta regional Esperanza Aguirre.
A partir de este compromiso, y después de la negativa del ministerio de Fomento de asumir esta obra, fue la Comunidad de Madrid la que se embarcó en este proyecto y la licitó a una filial de OHL en 2009, bajo un presupuesto de 369 millones de euros.
Este trazado, que en teoría iba a tener 15 kilómetros y 7 estaciones y que iba a estar abierto a finales de 2015, se paralizó en 2010 y, más de una década después de que se anunciase esta obra, los vecinos y vecinas de Navalcarnero y Móstoles siguen sin tener esta conexión.
Tras más de 140 millones de euros invertidos, en junio de 2015, con cinco años de paralización, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato.
A raíz de esta reclamación, y con un informe del Consejo Consultivo a favor, en febrero de 2016 la Comunidad inició un expediente de penalidades -con una multa de 34 millones de euros- y le dio a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminaba en septiembre de 2017.
Sin embargo, en vistas de que la compañía no había retomado las obras, en julio de 2017, el Gobierno regional, que entonces estaba presidido por Cristina Cifuentes, ordenó finalmente la resolución del contrato por incumplimiento culpable de Cemonasa, orden que el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) declaró nula y el Supremo confirmó en octubre pasado. EFE
