Madrid (EFE).- El Ministerio del Interior podrá informar desde este viernes a las mujeres que denuncien violencia machista de que su agresor tiene antecedentes, una comunicación que se realizará solo en los casos de riesgo medio de especial relevancia, alto o extremo y en los que se tendrán en cuenta factores como amenazas, celos, adicciones o la intención de la víctima de romper la relación.
Así lo fija una nueva instrucción del Ministerio del Interior, la 1/2023 que entrará en vigor este viernes, día 10, y que este jueves ha firmado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en consonancia con los criterios marcados por Fiscalía General y la Abogacía del Estado que ponderan el equilibro entre el derecho a la protección de datos y el riesgo para una víctima.
Actualmente hay 7.771 casos registrados en el sistema VioGén de especial relevancia (6.833 en riesgo medio, 920 en alto y 18 en extremo), mientras que 61.079 agresores cuentan con dos o más denuncias de distintas mujeres, es decir son agresores persistentes y por ello más proclives a agredir con mayor lesividad, como a quebrantar medidas judiciales.
Fuentes de Interior explican que esta orden no implicará un aviso automatizado, sino que será necesaria la denuncia de la víctima o de su entorno y una valoración policial que arroje un nivel de riesgo medio de especial relevancia, alto o extremo.
Se tendrá en cuenta, asimismo, la existencia de indicadores relevantes como amenazas específicas, episodios de celos exagerados, adicción a sustancias tóxicas del agresor o que la mujer haya expresado su intención de romper la relación.
Caso a caso y con especial atención a su vulnerabilidad
Así, en los supuestos en los que concurran estas circunstancias, los agentes van a estudiar caso por caso el nivel de vulnerabilidad de la víctima y valorarán si informarle de los antecedentes del agresor constituye una actuación proporcionada y si esa información resulta necesaria para que la mujer se implique de manera activa en su propia autoprotección.
En los casos en los que se decida informar a las víctimas, solo se le comunicará que el agresor tiene antecedentes en el sistema VioGén que implican un riesgo especial para ella, pero no se facilitará información adicional sobre la naturaleza de los hechos en los que estuvo implicado.
Por otra parte, la orden indica que los agentes van a tener en cuenta solo los antecedentes existentes en VioGén de los cinco años anteriores y se excluirán los antecedentes que respondan a hechos ya prescritos o en los que haya una sentencia absolutoria o un sobreseimiento libre.
Cuando se produzca un alta nueva en VioGén protagonizado por un agresor reincidente, los casos de anteriores víctimas que se encuentren activos se reevaluarán de forma inmediata y se actualizará el nivel de riesgo, mientras que en los casos que ya no estén activos, los agentes se pondrán en contacto con las víctimas cuando esa inactivación se haya producido en un plazo inferior a 90 días.
Concienciar a la víctima del riesgo que corren ella y sus hijos
La instrucción precisa además que los agentes deberán tratar de concienciar a la víctima del riesgo que representa el agresor y que no basta solo con informar, sino que tendrán que esforzarse en concienciarla del riesgo que supone para ella y para sus hijos, así como instarla a informar sobre cualquier incidente que haya podido suceder con este agresor denunciado.
Además, los agentes tendrán que dejar constancia expresa en VioGén de este control que se establece sobre los agresores persistentes y se informará al maltratador de que va a estar sometido a un control y seguimiento policial, y de que estas medidas se podrán extender a sus víctimas anteriores.
Cuando en los atestados policiales se solicite expresamente el uso de un dispositivo telemático de control sobre el agresor, se incluirá expresamente una mención para que tanto la Fiscalía como el juez tengan conocimiento de que sobre este agresor hay otras víctimas en VioGén.
Asimismo, después de cualquier valoración policial del riesgo en el que aparezca un agresor reincidente, el sistema generará una diligencia automatizada adicional, con independencia del nivel de riesgo, dirigida a la autoridad judicial y fiscal competente.
Esta orden, en la que Interior lleva meses trabajando, tiene en cuenta las recomendaciones de la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la Mujer y de la Abogacía General del Estado y respeta lo establecido tanto en la ley de medidas urgentes contra la violencia de género, el estatuto de la víctima, como la ley de protección de datos.
En España hay 61.079 maltratadores reincidentes, el 9,3% de los agresores
El sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género VioGén tiene registrados desde su creación en 2007 un total de 655.571 agresores machistas, de los que un 9,3 por ciento -61.079- son persistentes, se decir, tienen denuncias de dos o más mujeres diferentes.
Fuentes del Ministerio del Interior resaltan su preocupación sobre estos agresores, de los que 51.092 (el 7,8%) aparecen en el sistema con dos víctimas; 7.832 (1,2%) con tres y hasta 2.155 (el 0,3%) con más de tres víctimas.
Según los especialistas en la lucha contra la violencia machista, estos agresores son «más proclives» a quebrantar medidas judiciales como puedan ser una orden de alejamiento y presentan más posibilidades de agredir de nuevo con mayor lesividad.
«Entran en un ciclo violento que con el paso del tiempo tiende a reproducirse con mayor frecuencia», alertan desde Interior que con la nueva instrucción firmada este jueves por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, pone el foco en esos maltratadores que podrán estar sometidos a controles especiales.
En lo que va de año ocho mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, de los que cinco contaban con antecedentes. Y según los últimos datos del Observatorio contra la violencia machista del CGPJ relativos a 2021, doce de los 49 asesinos tenía denuncias de maltrato de otras víctimas.
Para Interior estos agresores persistentes suponen «un peligro específico» y, por esta razón, deben atenderse desde la «prevención» para que las mujeres que denuncien un caso de violencia machista sean informadas de este historial en determinados casos y siempre que su valoración de riesgo policial arroje un resultado como mínimo de riesgo medio con especial relevancia.
