Madrid, 10 mar (EFE).- La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con los votos de PP y Vox, la nueva Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, que incluye sanciones por no comunicar posibles situaciones de violencia sobre los menores por parte de personas que los tengan a su cargo o cuidado, como los profesores.
La norma impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que sustituye a la ley vigente de 1995, incluye 145 artículos y contempla sanciones de entre 300 y 30.000 euros, las más graves por no comunicar situaciones de violencia sobre menores por parte de quienes tengan encomendada su «asistencia, cuidado, enseñanza o protección» si han tenido conocimiento de las mismas, ya sea por su «profesión, oficio o actividad».
También establece sanciones por «entregar o recibir» menores «eludiendo los procedimientos legales de adopción y mediando compensación económica», con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación, o intermediar en esta entrega.
La ley estipula como infracciones muy graves las intervenciones de un mediador para el acogimiento familiar y para la adopción nacional o internacional «sin estar acreditado o habilitado para ello y mediando precio o engaño, o con peligro manifiesto para la integridad física o psicológica del niño», además del uso de imágenes de menores en publicidad o la colaboración con entidades que favorezcan el tráfico y trata de menores.
Otro aspecto que aborda la nueva ley es el entorno digital; por ejemplo, obliga a los editores y publicadores de contenidos para adultos a utilizar métodos y herramientas efectivas para verificar la mayoría de edad de los usuarios, más allá de la actual petición de confirmación a la persona que entra en sus páginas, con el objetivo de evitar que los niños accedan a ellas.
Con este mismo fin, se promoverán acuerdos con proveedores de servicios de internet para que las nuevas altas e instalaciones de acceso lleven instalado por defecto el control parental, evitando así el acceso de menores a contenido violento o pornográfico de la red.
Según ha destacado la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, la ley también va dirigida «a la mujer embarazada, articulando mecanismos de ayuda ya desde la fase prenatal, con el objetivo de velar por la vida y la salud del ‘nasciturus’, al mismo tiempo que se ponen todos los medios y el apoyo necesario al alcance de madres jóvenes para que puedan continuar con su embarazo y criar a sus hijos dignamente”.
Asimismo, dispone que los currículos del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional incluirán contenidos en competencias digitales y con su uso de forma responsable.
En el texto de la ley el PP ha aceptado algunas enmiendas de Vox, como prever la colaboración con el Gobierno de España en la búsqueda de la familia de los menores extranjeros no acompañados «para favorecer su retorno».
La izquierda se abstiene porque ve «insuficiente» esta ley
Para la portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica, Mónica García, esta ley cubre «algunos parches» pero es «insuficiente» porque no garantiza que los niños «puedan vivir mejor» ni hace «nada» por la «desinstitucionalización de los niños que podrían estar en régimen familiar», por lo que Más Madrid se ha abstenido en la votación.
El PSOE finalmente ha hecho lo mismo por no admitirse sus enmiendas, en concreto, la consistente en garantizar el acceso a desayunos para familias con rentas de hasta 35.000 euros, familias numerosas y monoparentales, según indicó su portavoz, Juan Lobato en los pasillos de la Asamblea.
Finalmente, la coportavoz de Unidas Podemos Alejandra Jacinto ha recordado que su grupo fue el que instó a la Comunidad de Madrid a poner en marcha una Ley de la Infancia «más pionera», pero el Gobierno no ha tenido en cuenta «muchas aportaciones» de su grupo en esta nueva ley, que ven «insuficiente», por lo que se han abstenido. EFE
