Madrid, 24 mar (EFE).- El exconsejero madrileño de Políticas Sociales Alberto Reyero y el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur han testificado este jueves ante un juzgado por los protocolos que impedían derivar a ancianos de las residencias a los hospitales según su grado de dependencia en la primera ola de covid.
Por primera vez en España, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha tomado declaración como testigos a dos responsables políticos por su actuación en los primeros meses de la pandemia, cuando fallecieron más de 6.000 mayores sin asistencia sanitaria en las residencias madrileñas.
Según el exconsejero Reyero (Cs), «fueron protocolos de exclusión; se excluía a personas en función de su situación de dependencia o discapacidad», y eso les impidió ser derivados a hospitales, ha dicho a su llegada a los Juzgados de Plaza Castilla, mientras que Mur no hizo declaraciones y fue recibido por los familiares con gritos de «asesino».
Tras la comparecencia, el abogado de las familias, Carlos Vilar, ha declarado que ambos discreparon ante el juez sobre si los protocolos eran o no de obligado cumplimiento.
La declaración de Reyero «ha sido contundente», según el abogado, mientras que Mur reprodujo lo que ya había declarado ante la Asamblea de Madrid, aunque reconociendo que «recibió un correo de Reyero, el 22 de marzo de 2020, que en la Asamblea negó».
En dicho correo, Reyero decía que «estaba en contra de que se aplicara la escala Barthel y la GDS, que miden la movilidad funcional y los problemas psíquicos» de los ancianos para decidir las derivaciones y advertía «que eso podría ser delictivo».
Según el abogado, Mur dijo al juez «que él también estaba en contra de estas escalas» y, tras ser preguntado por qué lo firmó, dijo que «lo hizo para apoyar a todos los médicos y geriatras que estaban desesperados y necesitaban un apoyo de la Administración para no tener que tomar una decisión personal en cosas como esta».
Tras definirse como «una persona sin mando en plaza en un puesto recién creado», Mur insistió en que los protocolos «no eran definitivos y que eran documentos clínicos», es decir, «de aplicación según el criterio del médico, no órdenes administrativas», ha relatado el abogado.
Preguntado si su superior jerárquico -el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero– lo sabía, Mur afirmó que Escudero «es quien da las instrucciones y decide mandar los protocolos a los hospitales. A las residencias los mandó la consejería de Políticas Sociales», siempre según el relato del abogado.
Con motivo de estas declaraciones, la plataforma Marea de Residencias, que ha convocado una concentración ante los Juzgados de Plaza de Castilla, ha calificado de «correcta» la acción del Juzgado de Instrucción número 9 con la intención de investigar los protocolos firmados digitalmente y enviados a las residencias y hospitales.
Marea de Residencias ha valorado que por primera vez se hayan desarrollado en fase de instrucción las diligencias que apuntaba el Tribunal Supremo en un auto de diciembre de 2020: «Habrá de indagarse también el origen y la autoría de resoluciones prohibitivas que impidieron que esas personas fueran trasladadas a centros sanitarios, anticipando así un prematuro estado de necesidad que por su propia naturaleza, debía haber sido, siempre y en todo caso, un acto médico».
Al mismo tiempo, la plataforma ha lamentado que la Fiscalía no haya hecho acto de presencia en las declaraciones Alberto Reyero y Carlos Mur, así como «la actitud pasiva o inexistente» del Ministerio Fiscal en relación a las querellas presentadas por los familiares de los fallecidos en residencias, a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que «el Fiscal velará por los derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito».
Mientras, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha expresado este jueves en la Asamblea de Madrid que espera que Reyero «acabe imputado» tras testificar sobre los protocolos.
«Espero que este señor (Reyero) salga hoy imputado de sus declaraciones», ha dicho Ayuso en la Asamblea en respuesta a una pregunta parlamentaria de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, en el último pleno de la legislatura.EFE
