Sevilla, (EFE).- Andalucía ha cerrado definitivamente la puerta a la entrada de residuos peligrosos de fuera con destino a algún vertedero regional, ya que la nueva Ley de Economía Circular aprobada esta semana incluye como novedad que sólo se asumirán y tratarán en recintos autorizados los que generen las empresas andaluzas.
La comunidad procesará en sus vertederos autorizados los residuos peligrosos que generen las empresas andaluzas, pero no almacenará basura tóxica que venga de fuera, según esta ley, que entrará en vigor en la primera quincena de abril.
La aprobación definitiva en el Parlamento andaluz de esta ley coincide con el cierre temporal de dos vasos del vertedero de Nerva (Huelva) -no peligrosos- y el anuncio de que se analizarán los dos vasos peligrosos de este recinto, destino desde hace más de dos décadas de basura tóxica de otros países y comunidades autónomas.
El Gobierno aseguró que habría un cierre ordenado de este vertedero y la nueva ley profundiza en esa línea, ya que recoge -vía enmienda del PP- una disposición final en la que se prohíbe esa entrada de residuos peligrosos procedentes de fuera de Andalucía cuando el destino sea un vertedero andaluz.
La ley, impulsada por la Consejería de Sostenibilidad, ha contado con un amplio consenso político, ya que salió adelante con los votos de PP y PSOE, algo que cada vez se antoja más complicado en el Parlamento. Por Andalucía y Adelante se abstuvieron, y sólo Vox, contrario a la Agenda 2030 y al discurso de la Junta sobre cambio climático, la rechazó.
Una segunda vida para los productos
Más allá del apartado adicional de residuos peligrosos en Andalucía, la nueva ley apuesta por dar una “segunda vida” a los productos, favoreciendo el reciclaje y limitando la cultura de “usar y tirar” en la sociedad, y se pretende convertir en un instrumento contra el cambio climático.
La ley prevé bonificaciones fiscales para los productos recuperados o reparados, para las empresas que reduzcan de forma verificable sus residuos de alimentos o para los domicilios o comunidades de vecinos que adopten sistemas de compostaje de bioresiduos.
Además, habrá un registro de inscripción voluntaria para que las empresas declaren el coste del ciclo de vida de un determinado bien y detallen su impacto ambiental, algo que le dará un plus en los procesos de contratación pública y puede darles ventaja competitiva de cara a los clientes, cada vez más preocupados de la sostenibilidad.
Los inspectores serán funcionarios con la consideración de agentes de la autoridad y las sanciones que establece la ley van desde los 30.000 a los 120.000 euros, con clausura de instalaciones, cierres temporales entre 3 y 5 años, inhabilitaciones y medidas provisionales si hay urgencia.
La norma garantiza que los fabricantes ofrezcan piezas de repuesto y fomenta que se vuelva a las reparaciones, más allá de las obligaciones legales.
Uno de los objetivos de esta ley, que da dos años a los ayuntamientos para adaptar sus ordenanzas, es que se apueste por el consumo de proximidad, especialmente en la contratación pública.
También se fija cómo reutilizar los bienes no vendidos para que no contaminen y se apuesta por reducir los alimentos que no cumplan los criterios de comercialización, aunque sean aptos para el consumo.
Una construcción más sostenible
Habrá fondos de conectividad digital para que los equipos informáticos de empresas que queden obsoletos para su tarea se cedan a la comunidad educativa, lo que alargará su vida útil.
Las nuevas viviendas y edificios públicos deberán regirse por criterios de eficiencia y ahorro de agua, y deberán garantizar la reducción del consumo energético, mientras que las nuevas urbanizaciones tendrán que apostar por pavimentos permeables y medidas de recuperación y reutilización de aguas pluviales, con uso de tanques de tormenta.
La ley recoge como prioritarios el aluminio, acero, cemento y los productos químicos, por lo que el uso de estos materiales permitirá la agilización de trámites administrativos en la Junta.
En la construcción y demolición habrá fianzas a nivel municipal, que serán devueltas cuando los promotores acrediten que el escombro ha sido tratado por un gestor autorizado, con lo que se quiere evitar que siga proliferando su acumulación en cunetas o espacios naturales.
Las inversiones empresariales de economía circular que generen 25 empleos a tiempo completo con una inversión de más de 10 millones serán declaradas de interés estratégico, por lo que reduce a menos de la mitad los requisitos. EFE
