Madrid, 16 may (EFE).- La Federación de Asociaciones de Padres (FAPA) Giner de los Ríos denuncia que los dos nuevos colegios privados concertados que se construirán en Madrid con cesión de suelo público «ya están reclamando pagos a las familias» que quieran matricular a sus hijos el próximo curso, y pide a la Consejería de Educación que «no autorice este tipo de cuotas».
Estos pagos, presentados como «donaciones» por la Fundación GSD, que obtuvo recientemente la cesión de dos terrenos -uno en Valdebebas y otro en Vallecas– para construir sendos colegios van «en contra de la legislación vigente», considera la FAPA este martes en un comunicado.
La cuantía que se reclama a las familias «cuando ni siquiera se ha empezado a construir» los centros, ronda «los 3.500 euros por alumno y año, sin contar con las actividades extraescolares y otros servicios que ofertan, lo que supone una evidente barrera económica para las familias», añade.
«Se está enmascarando el cobro de estas cantidades como donaciones, cuando en realidad se trata de cuotas por la prestación de servicios educativos exclusivamente durante el periodo escolar, de septiembre a junio», sostiene la Fapa.
Se trata de cantidades «exactas y domiciliadas solo a las familias que van a recibir esta contraprestación de servicios, en contra de la legislación de Fundaciones y del objetivo de las entidades con interés público y colectivo, como ha advertido en muchas ocasiones la Agencia Tributaria».
Este ejemplo demuestra que «el modelo de cesión de suelo público en la Comunidad de Madrid conlleva que las familias se vean obligadas a copagar servicios que deberían ser gratuitos».
Por ello, la FAPA reclama «a la Consejería de Educación que no autorice este tipo de cuotas por la escolaridad, encubiertas en supuestas ‘donaciones’, y que ponga fin a una situación en la que las familias ven eliminado su derecho a la educación gratuita en colegios sostenidos con fondos públicos».
Asimismo, demandan «mayor vigilancia al Protectorado de Fundaciones ante las prácticas irregulares expuestas».
Según el artículo 88 de la Lomloe sobre garantías de gratuidad, «en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito».
Tampoco se podrá «imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos», según dicha ley.
POSTURA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
El Servicio de Inspección de la Comunidad de Madrid «supervisa la transparencia de la información de los centros a las familias», indica la Consejería de Educación.
Para ello, además de dictar cada curso escolar unas instrucciones a los centros concertados para aclarar la normativa, la consejería «supervisa el cumplimiento de la norma en cada centro, revisando toda la documentación que remiten relativos a los cobros a las familias por los distintos conceptos de actividades y servicios».
Recuerda, asimismo, que los concertados «pueden ofrecer actividades complementarias, extraescolares y los servicios complementarios, todos ellos de carácter voluntario y que pueden conllevar el cobro de cuotas a las familias que, en todo caso, serán de carácter no lucrativo».
En todo caso, «los pagos son voluntarios y no tenemos constancia de que se haya excluido a ningún alumno de la actividad lectiva», añade la consejería. EFE
