Almería (EFE).- La trama que supuestamente intentaba comprar votos por correo en Mojácar (Almería) ofrecía entre 100 y 250 euros por cada papeleta a favor del PSOE fundamentalmente a personas extranjeras con escasos recursos, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.
Siete de los presuntos implicados son españoles, y los otros tres proceden de Ecuador, Colombia y Paraguay.
Entre los españoles se encuentran Francisco Bartolomé Flores, número dos de la lista del PSOE al Ayuntamiento de Mojácar, y Cristóbal Vizcaíno González, número cinco en la candidatura.
Las siete detenidos por la Guardia Civil serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Vera entre este jueves y mañana viernes.
Abordaban a los extranjeros frente a Correos
Según han indicado las citadas fuentes, la presunta trama intentaba comprar el voto por correo de personas extranjeras con escasos recursos, a los que ofrecían diferentes cantidades que podrían ir de los 100 a los 250 euros por cada papeleta a favor del PSOE.
Las fuentes consultadas han apuntado que, al menos parte de los arrestados, intentaron realizar este tipo de compras en persona, en la propia puerta de la sucursal de Correos de Mojácar, en la que presuntamente abordaban a los extranjeros susceptibles de vender su voto.
Al parecer, no solo ofrecían pagos directos, sino también comisiones a los que lograsen captar a otras personas que se prestasen a ello.
Han explicado que en Mojácar no existe una población inmigrante ligada a la agricultura de gran volumen como en otros municipios almerienses, pero sí un importante número de latinos que trabajan en locales de restauración.
Según las primeras informaciones, fue una de las personas a las que se ofreció dinero a cambio de una papeleta para el PSOE la que dio la voz de alarma y posibilitó la denuncia que provocó que este miércoles se produjese una decena de registros y las diferentes detenciones e investigaciones.
La Guardia Civil investiga un supuesto fraude en el voto por correo en un pueblo de Zamora
En Zamora, la Guardia Civil investiga un supuesto fraude en el voto por correo en el municipio de Moraleja de Sayago, que afectaría a medio centenar de sufragios de personas de una residencia de mayores, tras la denuncia interpuesta por el PSOE contra el actual alcalde y candidato por Zamora Sí, Ángel Villamor, han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.
La investigación, referida a medio centenar de votos de personas de la residencia de mayores municipal, ha requerido el desplazamiento este jueves de agentes de la Guardia Civil al centro residencial.
Moraleja de Sayago es un municipio de 290 habitantes situado a 45 kilómetros de la capital zamorana en el que el candidato de Zamora Sí lleva varias legislaturas como alcalde, primero por el PSOE, luego por Ahora Decide y este año es el candidato por el nuevo partido local Zamora Sí.
Denuncian a un candidato del PP en Mazarrón por un audio para manipular votos por correo
El presidente de Unión Independiente de Mazarrón (UIDM), Ginés Campillo, ha presentado a la Fiscalía una denuncia por delito electoral en el que acusa a un candidato del PP de ese municipio de enviar mensajes para manipular el voto por correo.
Como prueba aportó un audio en el que supuestamente el candidato número 12 de la lista del PP en Mazarrón, Alfonso García Letor, dice a unos jóvenes: “A ver zagales, necesito, necesito, vuestro apoyo y vuestros votos, por lo que si no queréis (…) que os toque en las mesas electorales, tener que ir de interventor, de presidente y tener que estar todo el día pringando y os queréis quitar ese marrón, pasádme una foto del DNI”.
Añade en ese audio que después “solicitamos voto por correo y así no os toca 100% seguro, y a parte pues me ayudáis a mí (…) que para eso se supone que sois amigos míos”.
Según la denuncia, existe una falsa promesa de no acudir a una mesa electoral en la que se solicita la entrega de documentos de identidad para controlar el voto por correo.
Comprar votos puede ser castigado hasta con tres años de prisión
La ley electoral establece que vender el voto no es legal ya que el voto es libre y secreto, por tanto, no puede mediar un obsequio, en cuyo caso se estaría incurriendo en un delito electoral.
El artículo 146 de dicha ley castiga con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses a quienes, por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector o le induzcan a la abstención.
En el caso de que el autor sea funcionario, se impone además la inhabilitación para empleo o cargo público de uno a tres años.
Hay un precedente en Melilla. En 2021, el Tribunal Supremo confirmó las condenas de dos años de prisión e inhabilitación del entonces secretario general del PSOE, Dionisio Muñoz, y el aún presidente de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán, por comprar votos por correo a cambio de planes de empleo en las elecciones al Senado de 2008.
Si no está permitido comprar el voto, la venta tampoco, de manera que aunque el autor del delito es el comprador, el vendedor puede ser considerado como cómplice o cooperador necesario del delito, más allá de que se les pueda imputar otro tipo de delitos como parte de una trama más amplia (blanqueo de capitales, organización criminal).
LA JUNTA ELECTORAL DECIDE LAS CONSECUENCIAS ELECTORALES
Mención aparte es qué consecuencias tiene sobre las elecciones. Según Legálitas, hay un principio general que es el de mantenimiento del negocio jurídico que también informa al derecho administrativo, es decir, la parte nula no anula a la parte válida.
Al respecto, expone que en referencia a la invalidez de todo el proceso del voto por correo hay que ser muy cauto, ya que se trata del ejercicio de un derecho fundamental.
Sin embargo, la Junta Electoral tendrá que valorar cuál es el nivel de influencia de una irregularidad sobre el resultado ya sea porque se han introducido esos votos en la urna, la localización de esos votos irregulares, si tienen incidencia o no sobre el reparto de los elegibles, etc.
Aquí, los representantes de las candidaturas tendrán que dirigirse a la Junta Electoral y solicitar las medidas que estimen oportunas. EFE
