Archivada una denuncia del Ayuntamiento de Alcorcón contra Cascallana

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Enrique Cascallana, exalcalde de Alcorcón
Enrique Cascallana, exalcalde de Alcorcón

EFE.- El Juzgado de Instrucción número 6 de Alcorcón ha dictado el sobreseimiento provisional de una denuncia presentada contra el exalcalde socialista de Alcorcón Enrique Cascallana, que gobernó el municipio de 2003 y 2011, relativa a unos supuestos gastos irregulares en actos y comidas de alcaldía.

Según Cascallana, en dicho auto, que también se dirigía contra sus exjefes de Gabinete Pedro Moreno y Fernando Peinado, se demuestra que los hechos ilícitos de los que fue acusado por la concejal de Presidencia, Ana Gómez (PP), «no se produjeron» y que «se trataba de una campaña sin fundamento ni consistencia».

El Gobierno de Alcorcón, encabezado por el popular David Pérez, denunció en agosto de 2016 al exalcalde socialista por un presunto delito continuado de «malversación de gastos públicos» al considerar que una serie de gastos de Alcaldía «no guardaban ninguna relación con los fines públicos que debe perseguir una administración».

En concreto, el Consistorio se refería a una serie de facturas -«básicamente de gastos en restauración» realizados por el exregidor socialista- y que venían siendo conformadas por sus exjefes de gabinete Pedro Moreno y Fernando Peinado, a los que se imputaron los mismos cargos que a Cascallana.

En la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Efe, la juez estima que «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito» y que «el resto de los hechos a que se refiere la denuncia son genéricos e imprecisos, no aportándose documentación que justifique que los gastos realizados eran excesivos o injustificados».

Cascallana ha reiterado que tales hechos ilícitos no solo no se produjeron sino que una de las facturas más escandalosas a las que se referían era relativa a la celebración de la III Jornada ‘Universitarios con las Víctimas del Terrorismo: Memoria, Dignidad y Justicia’, a la que niega haber asistido.

«Llevo desde 2011 soportando campañas de calumnias y difamaciones por parte del alcalde David Pérez, quien insiste en imputarme delitos a sabiendas de su falsedad, con el agravante de que dichas acciones judiciales son iniciadas y sufragadas con fondos públicos», critica Cascallana en un comunicado.

Para el exregidor socialista, quien recuerda que ya fue objeto de otra denuncia archivada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcorcón, lo «más grave» de la denuncia archivada es que se ha intentado imputarle «falsos delitos» desde hace años «a sabiendas de que no son ciertas tales acusaciones».

«Esta denuncia no solo no contaba con ningún tipo de solidez como prueba su primer archivo en diligencias previas, sino que se podría haber incurrido en ilegalidad por parte de la demandante, Ana Gómez, quien podría haber cometido un delito de revelación de secretos y documentos municipales», según Cascallana.

El exalcalde afirma que Gómez podría haber utilizado documentación a la que ha tenido acceso como concejal y miembro del Gobierno y posiblemente haber usurpado competencias del Pleno al iniciar acciones judiciales «sin legitimidad para ello«, por lo que Cascallana ha anunciado que presentará una querella contra el Gobierno municipal.

«Estamos hablando de la posible comisión de un delito de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos», ha añadido Cascallana, quien acusa a David Pérez de haber emprendido «una persecución ideológica» contra él.

La actual portavoz del PSOE, Natalia de Andrés, que formó parte del equipo de Cascallana, ha mostrado su apoyo al exalcalde socialista y ha asegurado que «todas y cada una de las denuncias presentadas por Pérez se han quedado en nada, prueba de que se trataba de cortinas de humo que carecían de argumento y base legal».

Fuentes municipales han indicado a Efe que el Consistorio va a iniciar los trámites para abrir la vía civil, ya que, «no queda cerrado, como así dice el juez, el ejercicio de la reclamación civil en relación a los gastos producidos» a pesar del sobreseimiento provisional.

Además, desde el PP sostienen que el archivo provisional dictado por el juez «significa que, si se apreciaran los gastos del equipo socialista como desproporcionados, el juez reabriría la causa»

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